La reforma del delito de sedición reabre el debate territorial a medio año de las elecciones municipales

Cuando quedan apenas seis meses para las elecciones municipales, la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, ha reabierto el debate territorial en nuestro país.

El anuncio de Pedro Sánchez este jueves en laSexta ha forzado la reacción del PP, que ha recuperado su discurso más grueso similar al de la época de Pablo Casado, y también ha provocado turbulencias dentro del propio PSOE, con barones muy críticos con la política apaciguadora del presidente del Gobierno.

Los cambios en este tipo penal, que será sustituido por uno de "desórdenes públicos agravados", han sido munición para el PP. De momento, Alberto Núñez Feijóo ha respondido con dureza a la pretensión del Gobierno, señalando que si llega a La Moncloa devolverá este delito al Código Penal. Y no solo eso. Si bien la posibilidad de una moción de censura está sobre la mesa, aunque no salen las cuentas, el líder popular ha apostado por llamar a la rebelión interna dentro del propio PSOE.

Barones socialistas como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; o Aragón, Javier Lambán, se han mostrado muy críticos en las últimas horas con la apuesta de Sánchez. Los tres líderes socialistas se juegan la reelección el próximo mayo ante electorados menos comprensivos con la cuestión catalana, por lo que la reapertura de este melón ha levantado suspicacias en estos territorios.

La dirección federal del PSOE está convencida de que el coste electoral es asumible, pero la coincidencia en el tiempo de la negociación presupuestaria hace que parezca una nueva cesión del Ejecutivo a los independentistas de ERC.

Sin embargo, según ha podido saber laSexta, los contactos entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y los negociadores de ERC eran constantes ya desde el verano. La derogación del delito de sedición fue uno de los compromisos de Sánchez en su discurso de investidura, en enero de 2020, pero la pandemia, la guerra y las reticencias de los republicanos, que insistían en la amnistía antes de moderar su posición, han retrasado hasta ahora la puesta en marcha.

Esta modificación estaba en el cajón del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero ahora, con apenas un año de legislatura por delante, han tenido que recurrir a la proposición de ley de los grupos parlamentarios -igual que con los impuestos a la banca y las energéticas-. De esta manera evitan los informes preceptivos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado que habrían demorado aún más la modificación. Un calendario que habría alargado aún más la tramitación de la reforma y entraría de lleno, aún más, en 2023, con las municipales a mediados y las generales a fin de año.

Y mientras, en el independentismo, cuya unidad de acción ya está rota, las sensaciones son mixtas. En ERC se felicitan de lo conseguido, con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseverando que esto implica el final de la "persecución". Pero otros, como el expresident fugado Carles Puigdemont, lamentan que esto solo implica una bajada de penas y no una eliminación real de este delito.

"Queda un año, Pedro"

La ruptura de las negociaciones para renovar el CGPJ, tras cuatro años con un mandato caducado, habría precipitado la presentación de esta reforma, aducen en La Moncloa. Fue la posibilidad de este cambio en el Código Penal la excusa que utilizó el presidente del PP para romper las negociaciones e insinuar que solo negociará con "otro PSOE".

"El PP ha sido y es la gasolina para la vida política en Cataluña y los socialistas somos el extintor en todo lo que ha pasado", ha reivindicado este mismo sábado el portavoz en el Congreso de los socialistas, Patxi López. "Adaptamos a la realidad actual una definición que tenía 200 años, y lo que hacemos es europeizarla", ha justificado.

"La gasolina al independentismo se la da el PSOE y Sánchez", ha recriminado, por su parte, la 'número dos' de los populares, Cuca Gamarra.

Justo este sábado se cumplen tres años del acuerdo entre Sánchez y el entonces líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que selló la coalición. Una fecha que han recordado los conservadores como "el abrazo que provocó el Gobierno más dañino de la historia del país". "Queda un año, Pedro. Nos vemos en las urnas", sostienen. El PSOE cree que con este movimiento el PSC sale reforzado, después de ganar las elecciones autonómicas el año pasado y liderar todos los sondeos. Pero la primera parada serán las autonómicas de mayo.