OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN EN GIRONA
Registran varias empresas en Girona por presuntas irregularidades en la concesión de aguas en la época de Puigdemont como alcalde
La Guardia Civil ha entrado en el Ayuntamiento de Girona para investigar el contrato que Puigdemont, siendo alcalde, firmó con la empresa que suministra el agua en esa ciudad, de la que se investiga el desvío de casi 15 millones. Las fuerzas independentistasafirman que no es casualidad el momento, pero hay que recordar que la denuncia partió de la CUP.
Tres coches de la Guardia Civil irrumpen en la plaza del Ayuntamiento gerundense. Comenzaba así una operación contra la trama del agua en Girona durante la etapa de Puigdemont como alcalde. Fecha y hora para unos registros que, según la actual regidora, Marta Madrenas, no son casuales: "El nombre más apropiado sería 'Operación Urnas'. Estoy absolutamente convencida de que es la verdadera razón de esta visita".
Pero la denuncia partió de la CUP, que sospechaba de la corrupción en la empresa municipal del agua de Girona, controlada en un 80% por una empresa privada. El resto, un 20%, depende del ayuntamiento gerundense. Y, de la parte pública, se habría confeccionado una operativa para desviar dinero hacia la parte privada, generado una deuda que se habría ido pagando subiendo el recibo del agua a los habitantes de Girona.
La CUP también asegura que el momento no les parece casualidad. Así lo ha afirmado el concejal del partido en la localidad, Lluc Salellas: "La justicia ha ido muy lenta para desarrollar acciones y registros. Justo ahora, cuando quedan diez días para que haya referéndum. Nos parece sospechoso".
El supuesto fraude habría empezado en 1998, con un alcalde socialista, pero ahora se investiga la etapa de Puigdemont, cuando se habrían desviado, presuntamente, unos 15 millones de euros. Un dinero traspasado a la empresa privada falseando facturas, repartiendo abultados dividendos, concediendo créditos con desorbitados intereses del 12% o con salarios injustificados.
Desde ERC, María Mercè Roca, concejal en Girona, mantiene el discurso del resto de grupos partidarios del independentismo: "Que las responsabilidades salgan a la luz, pero estamos ya viviendo un estado policial". La investigación habría descubierto también conexiones con el 'caso 3%'. La empresa privada que controla el agua, supuestamente, pagó gastos electorales de CIU y Junts pel Sí.