Renuncia a su escaño el diputado de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, denunciado por maltrato

El diputado de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, denunciado por su pareja por violencia de género, ha anunciado este lunes que renuncia a su acta en el Congreso, aunque insiste en defender su inocencia, asegurando que las acusaciones contra él son "falsas".

Así lo ha manifestado en una breve comunicado publicado en las redes sociales en el que constata que existe una demanda contra él y afirma que renuncia a su escaño en consonancia con los estatutos de Izquierda Unida, formación que el pasado viernes decidió suspenderle de militancia "ante la gravedad de las informaciones aparecidas en prensa" sobre él.

El responsable de organización de IU, Ismael González, indicó entonces que la decisión se adoptó por unanimidad en una reunión extraordinaria de la colegiada federal en virtud del artículo 28 de los estatutos del partido, que regulan las medidas cautelares.

Según recoge la agencia Europa Press, que cita fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija recibió la semana pasada un atestado de la Policía Nacional en el que se acompaña una denuncia contra el diputado por parte de su pareja por un presunto delito de malos tratos y otros.

Una vez recibida la denuncia, el juzgado incoó diligencias previas y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia para investigar los hechos, dada la condición de aforado del denunciado al ser diputado. En este sentido, el Ministerio Público emitió un informe favorable a la inhibición al Supremo, tras lo cual se dictó un nuevo auto acordando dicha inhibición.

Por otra parte, de acuerdo con la agencia Efe, el Supremo a su vez ha urgido al juzgado de Écija a que decida a la mayor brevedad sobre la orden de protección solicitada por la esposa de Bustamante. "Ningún incidente competencial puede justificar una ausencia de respuesta jurisdiccional en tiempo oportuno sobre la procedencia o no de adoptar medidas de protección a favor de aquellas personas que aparecen como afirmadas víctimas de los hechos justiciables", señala la resolución del Alto Tribunal.