De revocar revisiones a la baja a corregir la norma: ¿cómo se soluciona el embrollo de la ley del 'solo sí es sí'?

El Gobierno de España está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la polémica derivada de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Es una de las vías abiertas para desenredar el embrollo jurídico de la rebaja de penas a agresores sexuales. El Alto Tribunal estudiará caso por caso en las próximas semanas. Con ello, sentará jurisprudencia sobre esta cuestión que tanta polémica ha generado en los últimos días.

"Se estudiarán casos diferentes, pero al mismo tiempo se marcarán pautas interpretativas que sí serán de aplicación común a todos los supuestos", ha explicado el magistrado Joaquim Bosch. El Supremo podría revocar las revisiones a la baja en algunos casos, pero no cuando la pena aplicada fue la mínima en la horquilla marcada por el Código Penal. Porque la ley del 'solo sí es sí' rebajó ese mínimo, y es y seguirá siendo el que más favorece al reo.

Según Begoña Valero Bernabé, directora del equipo jurídico de Legaleon, aunque "se unifique la doctrina, si nos seguimos basando en esta ley donde ya hay una reducción de ocho a seis años... mientras la ley no cambie, no podrá cambiar nada. Y aunque cambie, solo podrá hacerlo a futuro". Abogados que han conseguido incluso la excarcelación de su defendido están convencidos de que no hay marcha atrás.

"La situación es irreversible", ha aseverado César Canora, abogado penalista. La otra alternativa es corregir la ley en el Congreso de los Diputados. O lo que es lo mismo, elevar de nuevo estas penas mínimas. Aunque no serviría para dar marcha atrás. "Ya no podría afectar a las personas que han sido condenadas anteriormente y que han tenido el beneficio de una ley que les ha favorecido", ha apuntado Joaquim Bosch.

Porque una ley con sanciones más duras no tiene efecto retroactivo. "Una ley solo se puede aplicar de forma retroactiva cuando se beneficie al reo", ha recordado Valero Bernabé. Se trata de un cambio legislativo sin efectos jurídicos en sentencias del pasado, pero que supondría en lo político corregir el fondo de la ley, un plan que siguen rechazando los impulsores de la misma. Este mismo viernes, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aseguraba que la norma "no tiene ningún problema" y que "el Supremo unificará criterios".