El PP se queda solo en la anulación de la justicia universal

El Pleno de Congreso ha aprobado la reforma de la justicia universal propuesta por el PP con el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria a una iniciativa que supondrá el archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como el caso del Tíbet que ha molestado a Pekín.

Con el único apoyo del PP, la Cámara baja ha aprobado la proposición de ley que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como la justicia universal.

En el debate de la propuesta, los grupos de la oposición han acusado al Gobierno de "arrollar" los derechos de los españoles al plegarse a los exigencias de países como China para eliminar la justicia universal en España, si bien el PP ha negado este supuesto.

La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sido tachada por la oposición de "inconstitucional" al permitir el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según ha defendido el PP, acaban archivadas en su mayoría.

El diputado popular Jose Miguel Castillo ha destacado que la finalidad de la norma es ampliar la lista de los delitos cometidos fuera de España, así como "delimitar con claridad" los supuestos en que la justicia española pueda investigarlos.

Sobre este asunto, ha afirmado que la reforma "no crea espacios de impunidad para nadie" sino que, al contrario, "permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados, de manera más efectiva y eficaz que antes" al considerar que el sistema actual promueve, ha dicho, una justicia "quijotesca" que no logra resultados.

"Esto y no los conflictos diplomáticos es lo que nos preocupa", ha añadido en alusión a presiones de terceros países por causas abiertas en España. No lo entiende así el grupo socialista que por medio de Soraya Rodríguez ha señalado que la norma pretende "estrangular" la justicia universal ya que, ha explicado, "todos los procesos abiertos se sobreseerán de forma automática".

"Ésta será su herencia, su marca España", ha reprochado al PP la diputada, que ha asegurado que la reputación internacional queda "seriamente dañada" por una reforma que incumple obligaciones internacionales asumidas por el Estado lo que, a su juicio, puede provocar que España sea denunciada por ello. Más crítico ha sido el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que ha tildado la iniciativa de "vergonzosa" por suponer una "ley de punto y final que sigue con obediencia los mandatos del resto de gobiernos a cambio de relaciones comerciales".

Desde CiU, Jordi Jané ha lamentado que la propuesta convierte a España en "cómplice" en la impunidad de crímenes de guerra, mientras que la diputada de UPyD Irene Lozano ha denunciado la "manera vergonzante" de legislar del Ejecutivo. "¿Qué les ha prometido China a cambio de esta faena?", ha agregado.

Tampoco se han adherido a la proposición el PNV ni el Grupo Mixto que han criticado, al igual que el resto de la oposición, las formas del Ejecutivo para "esquivar" los informes de los órganos consultivos del Estado que serían preceptivos en caso de que el Ministerio de Justicia se hubiese inclinado por presentar un proyecto de Ley. La proposición del PP propone que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

La Audiencia Nacional tramita en este momento diversas causas bajo el principio de justicia universal, como la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, el genocidio en Guatemala y Ruanda, los vuelos de la CIA, una querella contra cuatro guardias de la SS, la causa sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, o la más reciente y polémica de todas: la supuesta represión en Tibet.