Sánchez amplía la querella por prevaricación contra el juez Peinado por sus "interpretaciones forzadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado en la causa que instruye contra su esposa. Según la información que publica 'El País' y que ha podido confirmar laSexta, la Abogacía General del Estado presentó el pasado jueves, un escrito en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el magistrado porque considera que practica una "injusticia intrínseca" y realiza "interpretaciones forzadas o artificiosas".

Esta ampliación de querella viene motivada por la decisión del Peinado de trasladar a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez a pesar de que, según el artículo 445 de la Lecrim, bastaría con la comunicación del letrado de la Administración de Justicia de que el testigo se ha acogido a su derecho a no declarar: "Una decisión judicial que, además de su injusticia intrínseca, contraviene la doctrina existente sobre la cuestión", valora la Abogacía en su escrito.

En el escrito, además, se acusa al juez de que "lo verdaderamente buscado" con todas las actuaciones que atañen a Sánchez es "darles una publicidad", algo que recuerdan "es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos". Además, insisten en que se dan "inferencias donde no puede haberlas", así como "interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

La Abogacía del Estado también denuncia las constantes filtraciones en la causa al asegurar que "hay conciencia de que lo que se ha grabado y entregado será filtrado, pero no se toma ninguna medida contra ello, bien a través del ejercicio de la potestad disciplinaria que le compete, o bien adoptando decisiones que protejan y respeten ese deber de reserva", se afea en el escrito.

El pasado 30 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.

Sánchez, en una declaración que duró dos minutos en el Palacio de la Moncloa, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley. Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.

La querella pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador". Al día siguiente, el presidente del Gobierno defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de "montaje" la sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de "absolutamente patético y bochornoso" ver a las "asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse", por ver quién accedía al Palacio.

Tres días después de esta querella, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público. El pasado 22 de agosto el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo. Una frase que a la que también hace referencia el nuevo escrito de la Abogacía del Estado.

Dijo que su "silencio" es "legítimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".