El Gobierno cierra con ERC y Bildu un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda

La ley de vivienda será una realidad tras un acuerdo que el Gobierno califica de "histórico". Las bases de este pacto están ya asentadas para hacer posible que esta pionera ley, y medida estrella del Ejecutivo, sea aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

Tanto EH Bildu como ERC han confirmado la existencia de este acuerdo "importante y de gran calado", y aunque reconocen que les gustaría haber llevado las medidas "más allá", con una normativa más valiente y profunda, están convencidos de que mejorará la vida de los ciudadanos. Sus 18 votos serán imprescindibles para hacerlo posible, y lo quieren dejar claro: han puesto límites que hacen que esta ley, a su juicio, "sirva para algo".

Se trata, según fuentes del Ejecutivo a laSexta, de "una ley integral que da respuesta a todos los problemas de la vivienda". Previamente, Unidas Podemos y PSOE habían alcanzado un acuerdo con el que ambas partes estaban satisfechas, pero faltaba lograr el apoyo de los socios: ERC enmendó a la totalidad la ley que salió del Consejo de Ministros hace un año. Conseguidos los apoyos, la ley va a suponer ahora un importante revulsivo en esta campaña.

Horas previas a la formalización del acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin celebrado en Cáceres este jueves, se refería así a las negociaciones: "Cada minuto que pasa en estos últimos días estoy más convencido de que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia en España".

Dada la situación, todo apunta a que la política de vivienda volverá a ser clave también en la próxima campaña electoral. En el Ejecutivo saben que el mayor problema de los jóvenes y de muchas familias es el acceso a la vivienda y, por eso, querían dar una respuesta previa a los comicios. Para hacerlo posible cuanto antes,en las negociaciones se han involucrado el propio Sánchez y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Una ley de "consenso"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha celebrado que esta sea una "ley de consenso" que incluye aportaciones "de todos los grupos que han querido resolver este importante problema". "Se habían presentado más de 800 enmiendas y se han transaccionado más de 400", ha indicado.

"Facilitar acceso vivienda digna y accesible era un compromiso. Buscamos que la vivienda deje de ser lujo inalcanzable, especialmente buscamos que jóvenes puedan acceder a una vivienda que les permita emanciparse y poner en marcha su proyecto de vida". "Es una de las leyes más avanzadas de Europa y coloca a España a la vanguardia. Es el fruto de un trabajo muy intenso, de diálogo y de acercamiento de posiciones", ha destacado el portavoz socialista.

Las claves

ERC y EH Bildu han trasladado en un comunicado conjunto las claves de esta ley que, bajo su punto de vista, "por fin, reconoce el derecho a la vivienda". Por un lado, interviene y regula el mercado del alquiler topando los precios, y además, "da más garantías y protección frente a los desahucios".

• Tope al precio de los alquileres

Uno de los elementos de debate de estas negociaciones ha sido el límite a la subidas de los precios de los alquileres. Según ha podido conocer laSexta, durante este 2023, el límite de la subida del alquiler seguirá en el 2% que está en vigor. A partir de entonces, durante 2024, ningún propietario podrá subir a sus inquilinos más del 3% el precio del alquiler. En adelante, "se creará un nuevo índice inferior a la evolución del IPC". Esto se aplicará para todos los contratos vigentes.

En los nuevos contratos, dependerá de si la vivienda en alquiler está o no en un área tensionada. Así de acuerdo con el comunicado, "serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos". La declaración de zonas de áreas tensionadas será competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Estos topes dependerán de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. En zonas no tensionadas, el precio de nuevos contratos de alquiler no estará condicionado.

• Cambia la definición de "gran tenedor"

La ley también modifica la descripción del "gran tenedor". Ahora, los grandes tenedores serán aquellos que estén en posesión de cinco o más inmuebles. El límite antes estaba en los diez inmuebles.

• Protección frente a los desahucios

La cuestión de los desahucios ha supuesto uno de los grande escollos. Finalmente, y según lo acordado, quedarán prohibidos los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años.

Para garantizar que las familias que sufran un desahucio cuenten con una alternativa habitacional, es decir, que tengan un lugar en el que vivir, se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alquileres sociales bonificados o realojamientos.

También, según el propio Ejecutivo, "se pone en marcha un procedimiento de mediación y arbitraje para evitar desahucios por parte de los grandes tenedores de personas vulnerables".

• Medidas para proteger a los inquilinos

El acuerdo entre Gobierno, ERC Y EH Bildu también beneficiará a los inquilinos a la hora de alquilar un piso: los gastos y honorarios inmobiliarios correrán siempre a cargo del propietario, limitando así el desembolso inicial que a día de hoy impide a muchos jóvenes el acceso a una vivienda en alquiler. Esto solo ocurrirá con los alquileres, no con la compra de vivienda.

Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos. Esto quiere decir que las tasas de basura, los gastos de comunidad o cualquier otro gasto añadido, que no se haya acordado previamente con el inquilino, lo debe pagar el propietario.

Por otro lado, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.

• Se respetan las competencias autonómicas y locales

Como recoge el comunicado, la Ley por el Derecho a la Vivienda "respetará las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias".