Sanidad y CCAA se reúnen por primera vez tras el estado de alarma y con las restricciones en manos de la justicia

Primer Consejo Interterritorial de Salud tras el fin del estado de alarma y con varias comunidades denunciando caos jurídico por las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros.

Sin embargo, el presidente del Gobierno defiende que las comunidades tienen "amplios instrumentos" para hacer frente a la pandemia, como los adoptados en otras reuniones de la interterritorial. Y aunque en un principio el ministro de Justicia, José Manuel Campo, se abrió a cambios legales, luego, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' lo negó y animó a los gobiernos regionales que lo consideren oportuno que soliciten el estado de alarma en sus territorios.

Algo que las comunidades autónomas rechazan. Una postura que previsiblemente mantendrán en la reunión de hoy a la que asiste también el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, uno de los primeros en pronunciarse sobre el apoyo que estas regiones tendrían del Gobierno si solicitan ese estado de alarma.

La postura de las comunidades

"No es la voluntad del Gobierno vasco, en ningún caso, hacer esa solicitud", ha apuntado en los últimos días el consejero de Seguridad vasco, Josu Erkoreka. El País Vasco es una de las comunidades que pedía toque de queda pero que el TSJPV no ha avalado; aun así no van a recurrir al Supremo.

Está por ver qué hará Canarias. El TSJC ha tumbado el toque de queda y el cierre perimetral para las islas y ha decido que recurrirá al Supremo lo segundo.

La Comunidad de Madrid tampoco ve con buenos ojos la propuesta del Gobierno e insiste en hacer una reforma legal de la normativa sanitaria del 86. "Están provocando que cada comunidad tenga que pedir un estado de alarma por no reformar una ley que se puede cambiar en 15 días. Antes lo achacaba a la dejadez, ahora ya creo que es arrogancia y soberbia", ha apuntado el consejero de Justicia, Enrique López.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha insistido en reformar la "ley del 86, que no prevé la gestión de una pandemia". A su juicio, "lo lógico es regular y ordenar y dejarnos de estados de alarma".

Estado de alarma territorial

Esta no es la primera vez que el Gobierno ofrece el estado de alarma territorial. Pedro Sánchez ya lo hizo en agosto de 2020, antes de llevar al Congreso esta medida jurídica y aprobarla desde octubre a marzo de este año.

El planteamiento de esta propuesta ha generado ciertas dudas en las autonomías, pero lo cierto es que tienen cobertura para poder solicitarlo. Según dicta la Constitución Española, solo el Gobierno central puede declarar este escenario excepcional en cualquier parte del mapa nacional, si bien es posible que el dirigente de una comunidad lo pueda pedir.

"Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior (catástrofes, calamidades o desgracias públicas; crisis sanitarias; paralización de servicio públicos esenciales; situaciones de desabastecimiento) afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", se recoge en el artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

A continuación, en el artículo sexto, se especifica que este mecanismo, que se llevará a cabo "mediante decreto acordado en Consejo de Ministros", no podrá "exceder de quince días", pudiéndose prorrogar únicamente "con autorización expresa del Congreso de los Diputados". Cabe detallar además en lo referente a esta cuestión que el dirigente de turno puede ejercer de forma unilateral esta petición, sin consensuarlo previamente con el Parlamento.

La vacunación

El encuentro tiene lugar después de que la Comisión de Salud Pública haya aprobado ampliar el uso de la vacuna de Janssen a las personas de 50 a 59 años, así como a colectivos vulnerables difíciles de captar como personas con discapacidad, autismo y enfermedades mentales severas. Se trata de una nueva actualización, la séptima, de la estrategia de vacunación con la incorporación de nuevos colectivos, por la que se acuerda priorizar la vacunación a grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, discapacidad intelectual o enfermedad mental severa.