El sector conservador aboca al CGPJ a incumplir la ley para nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional

El mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la Justicia, ha llegado a un punto de no retorno en el que una parte de los vocales de la institución van a forzar que incumpla la ley.

Hoy mismo, martes 13, termina el plazo dado por el Gobierno para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos -tradicionalmente, uno conservador y otro progresista- para renovar los cuatro puestos cuyo mandato está vencido en el Tribunal Constitucional. La cuestión no es baladí, ya que la designación de las otras dos plazas corresponde al Ejecutivo y eso supondrá darle un vuelco y que el Tribunal de Garantías recupere una mayoría progresista.

Pero el sector conservador de la institución ha emplazado al bloque progresista a una reunión telemática para negociar sus nombres el viernes. Es decir, tres días después del plazo dado por el Ejecutivo este verano. Una reunión que será abierta, dicen, y cuyo contenido se fijará en el curso del propio encuentro. Fuentes del CGPJ a laSexta han explicado que ayer los contactos entre ambas partes se sucedieron pero que las conversaciones no tuvieron lugar porque en la parte conservadora "no podían".

Al ser preguntado al respecto en una entrevista en TVE, el presidente Pedro Sánchez ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo en los próximos días y ha apelado a la responsabilidad. "Me consta que se esta negociando y no dudo que en unos días tendremos su propuesta de 2 magistrados", ha aseverado el presidente.

Asimismo, ha aquejado la actitud de la oposición. "La decepción que yo tengo con el PP actual y anterior es una decepción de país. Yo he tenido momentos muy difíciles con Mariano Rajoy en el Gobierno como líder de la oposición, pero al igual que dije no a la corrupción dije sí a la defensa de la soberanía territorial cuando fue atacada en 2017. Yo ni he encontrado la corresponsabilidad en la pandemia ni ahora con la guerra", ha lamentado.

El próximo hueco en la agenda es el viernes a las nueve de la mañana y, con este incumplimiento de la ley, la Justicia española agrava la difícil situación en la que se encuentra, con un órgano de gobierno caducado durante más de cuatro años y 1.000 días, nombrado por la mayoría absoluta que consiguió el PP en 2011 y con la amenaza velada de su presidente, a la vez cabeza del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de dimitir si la renovación no se produce cuanto antes.

La vida política lleva otros ritmos y, al inicio de una larga precampaña electoral de año y medio, con elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales a final de 2023, las posiciones de PP y PSOE, quienes ostentan la mayoría suficiente para acabar con el bloqueo, están estancadas.

Sin acuerdo a la vista entre PP y PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia a la situación este lunes en una reunión en el Congreso con sus parlamentarios, donde cargó contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado que derogará todas las leyes recurridas por su partido al Constitucional. Entre ellas, la del aborto o la de la eutanasia.

"El único proyecto del PP consiste en derogar todos los avances del Gobierno de coalición progresista. Por eso votan siempre en contra y por eso bloquean la renovación de los órganos constitucionales, a costa de incumplir con la Constitución", cargó el también secretario general de los socialistas.

Desde los populares dio la réplica su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien insistió en la "firme voluntad" de llegar a acuerdos de su partido, pero insistiendo en que "no podemos pasar por encima de defender la independencia judicial".

En Génova 13 insisten en que cualquier renovación del Poder Judicial ha de ir acompañada de un cambio en el sistema de elección de los vocales para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. Sin embargo, y pese a que los populares se servían de los diferentes toques de atención al Gobierno por parte de Bruselas a cuenta de la justicia, este lunes la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha reclamado en una carta que primero se renueve el rector judicial y, después, se modifique el sistema de elección. Habla de "desesperada situación" del sistema judicial en España y afirma que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".

Según fuentes de La Moncloa a laSexta, el Gobierno no va a presionar y confían en que los nombramientos se produzcan esta misma semana, informa Esther Redondo. Con todo, cargan contra el PP, a quienes acusan de irresponsables y señalan por mover los hilos detrás de las maniobras conservadoras, y apuntan que el Ejecutivo va a esperar para nombrar a los magistrados que le competen.

A la espera de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional de los populares, Esteban González Pons, se reúnan como interlocutores designados para desatascar el acuerdo judicial, este viernes a las nueve de la mañana los negociadores conservadores (José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart) se reunirán con los progresistas (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda) para tomar una decisión sobre el Constitucional ya fuera del plazo de la ley.