Las sentencias sin ejecutar en España dejan en el aire más de 10.700 millones de euros

En España, la insolvencia es una de las principales causas por las que no se ejecutan las sentencias. Francisca Izquierdo, procuradora, explica a laSexta que si hay insolvencia, no puedes cobrar. El problema está, dice, en que muchas veces se llega a la insolvencia por la tardanza del jurado. La procuradora reconoce que que tiene casos en los que sus clientes aún no han cobrado por una resolución dictada a su favor hace más de una década. "El procedimiento principal era de 2003. La ejecución se inició en 2020. Estamos en 2022 y nadie ha cobrado nada", señala.

Por su parte, el abogado Óscar Sánchez revela que hay decenas de casos en los que tendrían una sentencia favorable pero todavía están esperando todo el proceso de ejecución judicial. En España, apenas una de cada cuatro sentencias que dictan los jueces se ejecuta, ya sea porque el deudor esté en el extranjero, porque se declare insolvente o directamente por la lentitud del propio sistema.

La tasa de éxito en la ejecución de sentencias apenas alcanza el 25%. El momento en el que una vez acabado el juicio, se tiene que pagar la cantidad determinada no llega, lo que deja más de 10.700 millones de euros en el aire en sentencias pendientes de ejecutar.

Óscar Sánchez, abogado, asegura que hay casos en los que las cantidades que se deben son miles de euros y no se pueden cobrar. "También hay casos de cantidades muy pequeñas", añade. Según recogen datos de COPE, España está a la cola de Europa en porcentaje de sentencias resueltas. Las pocas que se resuelven, tardan mucho: entre seis meses y un año de media.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores en España, asegura que España es un país muy aventajado, tanto en celeridad como en calidad de las resoluciones judiciales de las sentencias. Sin embargo, afirma que cuando se ejecuta una sentencia pasa a ser de los últimos de la clase.

Desde el Consejo General de Procuradores de España piden eliminar trámites para desatascar un sistema, pues el presidente asegura que afecta a la calidad democrática porque un país adelantado debe tener unos servicios buenos. "La seguridad jurídica es un valor democrático importantísimo", recalca Estévez. Insisten en que no tiene sentido el juicio, si posteriormente no se dirimen responsabilidades.