Diputación Permanente

Subvenciones a Ceuta, ayudas para las víctimas de Urda y nuevas bajas por menopausia: los siete decretos aprobados en la Diputación Permanente

Los detalles También se ha prorrogado el decreto ley de ayuda urgente tras los daños por la DANA Adam y un decreto para el refuerzo de la seguridad ferroviaria.

Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy en la Diputación Permanente del Congreso.Europa Press

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, ha convalidado este miércoles siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante la precampaña electoral, que han salido adelante con el apoyo del PP. Unas medidas que van desde el refuerzo a la seguridad ferroviaria y ayudas para los afectados por el accidente de Urda, al reconocimiento y protección de familias monoparentales o las ayudas por la crisis de Ceuta.

En primer lugar, se ha convalidado, con los únicos votos en contra de Vox, el decreto ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, así como el paquete de ayudas para los afectados por el accidente de Urda (Toledo), en este caso por unanimidad.

El Gobierno, que aprobó el decreto de seguridad ferroviaria el pasado 10 de noviembre como respuesta a las reclamaciones sindicales tras el accidente de Urda, ha logrado su convalidación tras un debate en el que el PP ha vinculado los 116 fallecidos este año en los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y Urda (Toledo) con la "corrupción" en el Ministerio de Transportes.

Por su parte, los grupos de la izquierda han vuelto a llamar al Ejecutivo a repensar el modelo ferroviario español y a "recuperar" el control público del sistema, mientras que el PNV ha acusado al Gobierno de haber "necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020".

Ocurrido el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el accidente de Urda fue una colisión por alcance de un AVE de Renfe a un tren Iryo, que estaba detenido en la misma vía, y en él fallecieron 69 personas.

Durante el debate, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que asumió las funciones de Óscar Puente tras su dimisión, ha destacado que con la nueva regulación la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) tendrá mayor capacidad de supervisión del sistema del ferrocarril, que hasta ahora dependía de la buena voluntad de las empresas investigadas.

También ha resaltado que incluye una regulación más estricta de los tiempos de trabajo de los maquinistas, ya que el decreto fija con precisión el tiempo máximo de conducción, seis horas, en las que se incluye todo el tiempo en el que el trabajador es responsable del vehículo, aunque no esté conduciendo (maniobras en movimiento, trabajos fuera de la red de interés general y pausas de menos de 45 minutos entre dos conducciones).

Poder de decisión de los maquinistas

El decreto, que modifica la Ley del Sector Ferroviario, permite que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

También reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas "necesarias" y "proporcionadas" ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el fin de evitarlas o limitarlas, entre ellas la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Asimismo, refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y extiende los coeficientes reductores de edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que opera en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, para igualar el tratamiento de quienes ejercen las mismas funciones.

Ayuda de 72.121 euros por fallecimiento

En cuanto al decreto ley que regula las ayudas directas para los damnificados por el accidente de Urda, estas ascienden a 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros por lesiones y permite anticipos por las mismas cuantías por las eventuales indemnizaciones que pudieran recibir, sin que sea necesario devolver la diferencia si la indemnización es menor.

Además, el decreto establece que las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo -lo que garantiza recibir la prestación desde el primer día y mejores cuantías-, un beneficio que también se aplica a pensiones de incapacidad, muerte y supervivencia y de incapacidad permanente parcial.

Ayudas frente a otras crisis

La Diputación Permanente también ha avalado el decreto ley de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis. Aquí Junts se ha abstenido y Vox ha optado por el no.

También continuará en vigor el decreto ley de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería. En este caso solo Vox ha votado en contra.

Medidas sociales

El mismo resultado ha arrojado la votación de la ley que recoge medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, como las familias con dos o más hijos, con un hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Y lo mismo ha sucedido con el decreto ley que amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. Asimismo, modifica las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.

Por último, se ha dado luz verde definitiva, con el único rechazo de Vox, al decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.

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