Sumar aprieta al PSOE por la crisis de la vivienda formalizando un pacto insólito con el PP en el Congreso

El PP ha sacado adelante -gracias a la abstención de Sumar- una proposición de ley para que el Congreso tenga que autorizar el envío de armamento militar a países en guerra. A cambio, Sumar ha negociado con el PP el voto a favor de su iniciativa sobre cláusulas abusivas en hipotecas.

En el caso de la proposición de ley del PP sobre defensa, ha salido adelante con 174 'síes' y 144 'noes', además de las 30 abstenciones de Sumar, cumpliéndose esa primera parte del acuerdo. Instantes después, se ha votado la proposición de ley de Sumar sobre cláusulas abusivas, con un apoyo mayoritario de la Cámara Baja de 314 votos a favor y 31 votos en contra.

La medida ha salido adelante en el Congreso el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y con organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda, un encuentro que ha concluido con un diagnóstico compartido del problema pero sin medidas concretas para atajar la crisis del alquiler.

Lo cierto es que Sumar no necesita los votos del PP para sacar adelante su iniciativa porque, en este caso, el PSOE también ha votado a favor. Aun así, el partido de Yolanda Díaz ha asegurado que prefiere sacar adelante la proposición de ley con el mayor apoyo posible -en este caso con los votos del PP- a cambio de votar a favor de la iniciativa sobre defensa. Además, fuentes de Sumar defienden a laSexta que, si las leyes del PP son buenas, no pasa nada por pactar con ellos.

Esta negociación y apoyo mutuo ha vuelto a dividir a los socios de Gobierno ya que los socialistas han votado en contra de la iniciativa del PP. El ala socialista del Gobierno se escuda asegurando que hay una iniciativa parecida que vino del Senado y ya está en la Comisión de defensa. Se tramitó el pasado mes de septiembre con la abstención de los socios del PSOE, mientras que los socialistas votaron en contra. El texto se mandó al Congreso, donde sigue abierto el plazo para presentar enmiendas. Por ello, los partidos políticos han recriminado este martes al PP que vuelva a presentar el mismo texto.

Los socios del PSOE en el hemiciclo también han cargado contra el PP por pretender, siendo el partido líder de la oposición, que la Cámara Baja ejerza un mayor control sobre las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, algo que es contrario a lo que defendieron durante sus gobiernos.

Por el PSOE, José Antonio Rodríguez Salas ha rechazado el texto. Además de alegar que era similar al que ya está en tramitación, defendía que esta iniciativa busca "burocratizar" la toma de decisiones en materia de defensa: "Sorprende que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad".

Francesc Marc Álvaro (ERC) ve "táctica y oportunista" la proposición de ley del PP, al que ha quitado toda credibilidad para plantear este tema. Por su parte, Mikel Legarda (PNV) ha avanzado que no apoyarán la reforma, al considerar "absurdo" hacerlo para luego acumular su tramitación "con su melliza".

La propuesta del PP

El encargado de presentar la iniciativa ha sido el 'popular' Alberto Fabra, quien ha defendido que "el Gobierno no debe tener el monopolio en la decisiones en materia de Defensa". Para ello, el PP plantea reformar la Ley Orgánica de Defensa Nacional para obligar al Gobierno a solicitar la autorización del Congreso para enviar material militar a una zona de guerra, como puede ser Ucrania.

La norma ya contempla que el Gobierno debe realizar una consulta previa al Congreso para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.

Ahora el partido mayoritario propone que la autorización para enviar material militar a zonas de guerra tenga que otorgarse con carácter anual y que las renovaciones se soliciten también a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Además, quieren que las autorizaciones para las operaciones en el exterior tengan una vigencia de cinco años y que transcurrido ese tiempo tenga que aprobarse en el Congreso una prórroga por otro lustro.