Sumar lleva al Congreso el acuerdo entre el SUP y Desokupa y pide la ilegalización del "grupo violento"

Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Interior acerca del acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, una empresa contra la okupación de viviendas, para dar formación a los agentes en defensa personal.

Sumar, que califica al Club Desokupa de "grupo violento" y señala que ha sido denunciado "por realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos", también ha considerado que debería ser ilegalizado en virtud del artículo 22 de la Constitución.

Este, que recoge el derecho a la asociación, incide en que son ilegales aquellas que "persigan fines o utilicen medios tipificados como delito" y que sean "secretas" o "de carácter paramilitar", pero que solo podrán ser disueltas o suspendidas con una resolución judicial motivada.

En el escrito remitido a la Mesa del Congreso, Sumar pregunta al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaksa acerca de las medidas que pretende adoptar "para impedir que grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activo" y si el SUP ha solicitado a Interior alguna formación específica que no haya sido atendida y que explique el acuerdo alcanzado con Desokupa.

También cuestionan a Interior si ha valorado que la posibilidad de que la colaboración entre el sindicato y la empresa contra la okupación pueda significar que un "grupo parapolicial" comparta el uso de la fuerza atribuido a las fuerzas de seguridad del Estado.

"¿Va a iniciar el Ministerio del Interior actuaciones para que los tribunales ilegalicen grupos escuadritas como Desokupa, a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el articulo 22 de la Constitución?", abunda Sumar en el escrito presentado en el Congreso.

Por último, solicitan datos sobre "la penetración de personas o grupos de extrema derecha y/o violentos" en las fuerzas de seguridad y si consideran que esa "posible infiltración" significa "una amenaza para la seguridad nacional".

Tras el anuncio del acuerdo, con el que se podrían forman cerca de 30.000 agentes en defensa personal, el SUP ha asegurado que es exclusivamente para dar formación complementaria y "extracurricular" a sus afiliados.

Así lo puntualizaron después de que el Ministerio del Interior informara de que estudia si abre un expediente e impugna el convenio suscrito y que, en cualquier caso, los cursos no son homologables ni "cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía".