Un Supremo desbordado, un Constitucional progresista y cuatro años de un CGPJ caducado: así arranca el 2023 judicial

Un Tribunal Supremo al borde del colapso por la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos en funciones, el propio gobierno de los jueces entrando en su cuarto año con mandato caducado y el Constitucional estrenando mayoría progresista son tres de las claves jurídicas de este nuevo año.

Así, el Alto Tribunal tendrá que hacer frente en esas condiciones a las posibles revisiones de pena a los condenados por el procés, después de que saliera adelante la reforma del Código Penal que eliminaba la sedición y que retocaba el delito de malversación. También tendrá que resolver el futuro de las euroórdenes una vez se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los recursos contra los indultos.

Será también el Supremo quien fije la doctrina al respecto de la ley del 'sólo sí es sí', que ha provocado una rebaja de las penas a condenados por agresiones sexuales, un efecto indeseado por el Ejecutivo que generó serias tensiones en el seno de la coalición y también con sus socios.

Este 2023 arranca también con una situación insólita. Al cuarto año de mandato caducado del CGPJ se suma la sucesión de Carlos Lesmes: el presidente del Supremo dirige también el órgano de gobierno de los jueces, pero al dimitir en protesta por el bloqueo del Poder Judicial, el vicepresidente Francisco Marín asumió la dirección del Alto Tribunal mientras que Rafael Mozo, el vocal más antiguo, preside desde entonces el CGPJ. Este año también cuentan con tres miembros menos: uno dimitió, otro se jubiló y una tercera falleció el año pasado.

Sí se ha podido renovar el Tribunal Constitucional, con una crisis institucional sin precedentes mediante que forzó al sector conservador del CGPJ a levantar el bloqueo sobre la corte de garantías. Los cuatro nuevos magistrados, dos escogidos por el Gobierno y dos por los jueces, garantizarán una mayoría progresista hasta al menos 2031. Ellos tendrán que decidir sobre la paralización, por primera vez, de un trámite legislativo, y sobre varios melones abiertos: el aborto, la eutanasia, la ley Celáa, el 25% de castellano en la escuela catalana, la ley que impide nombrar en funciones al CGPJ, la reforma laboral o la devolución del escaño de Alberto Rodríguez.

Por otro lado, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea y los juzgados de instrucción seguirán con varios casos importantes en investigación: desde el caso mascarillas, la investigación al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al espionaje con Pegasus a miembros del Gobierno y el independentismo. También seguirán instruyendo la trama Púnica, Lezo, los ERE...

La Fiscalía, además, continuará impulsando diligencias de investigación sobre los fallecimientos en residencias de ancianos durante la pandemia. Según la Memoria del Ministerio Público, hay más de 60 procedimientos judiciales abiertos.

De los juicios pendientes, el 23 de enero comienza el proceso contra Francisco Camps por la Gürtel valenciana y el 24 de mayo arranca el primero de Lezo, que dirimirá sobre la compra de Inassa. En este no se juzgará al expresidente madrileño Ignacio González, aunque está pendiente de fecha su juicio. También los de la familia Pujol, Francisco Granados, Eduardo Zaplana. En 2023 se prevén los juicios al emérito por las amenazas a Corinna Larsen, a Rodrigo Rato por el origen de su patrimonio, a Javier López Madrid por el acoso a la doctora Pinto y al Pequeño Nicolás por la cesión de datos policiales. Igualmente se espera la primera sentencia contra Villarejo por las piezas Pintor, Land y Iron.