El Supremo rechaza por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general

Respiro para el fiscal general del Estado. La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar en 2023 a Álvaro García Ortiz al frente del ministerio público.

Esta resolución llega un día antes de que García Ortiz acuda a declarar, también ante el Supremo, como investigado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su causa por fraude fiscal.

La APIF defendía que García Ortiz no era "idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo. En una nota de prensa, emitida el pasado febrero, destacaba el hecho de que el Supremo anulase --al apreciar "desviación de poder"-- la decisión de García Ortiz de nombrar fiscal de Sala a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

Además, la asociación hacía hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo" por "desviación de poder".

Subrayaba a su vez que en noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictó un acuerdo en el que concluía que no era idóneo para el cargo. La opinión del órgano era obligatoria para el trámite de nombramiento, pero no tenía carácter vinculante. Fue la primera vez que el Consejo se opuso a la designación de un fiscal general.

Por el contrario, García Ortiz había pedido al tribunal que desestimase el recurso al considerar que la asociación solo intentaba "socavar" al Gobierno y conseguir "publicidad". En su escrito de conclusiones, presentado el pasado noviembre, la defensa del fiscal general acusaba a la APIF de basar su impugnación "única y exclusivamente en consideraciones de índole estrictamente subjetiva".

Su abogado sostenía que "lo que se pretende al interponer el recurso" es "que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto".