El Supremo les juzgará

El Supremo rechaza por unanimidad las cuestiones previas de Ábalos y Koldo García y no enviará la causa a la Audiencia

Los detalles El Tribunal Supremo ha rechazado enviar la causa a la Audiencia Nacional, como pedían las defensas, con lo que el juicio por el 'caso mascarillas' se celebrará en el Supremo.

El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional.

Según indican fuentes jurídicas a laSexta, la Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita en la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.

El Alto Tribunal ha señalado el 7 de abril, a las 10 horas, como día de comienzo del juicio oral en el que José Luis Ábalos y Koldo García, junto al empresario Víctor de Aldama, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Más de 75 testigos

En total, se han aceptado más de 75 testigos, así como una veintena de peritos. El Supremo ha aceptado todos los testigos propuestos por la Fiscalía y por Aldama. En el caso de los que solicita Ábalos, ha admitido todos menos el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En cambio, sí que se ha aceptado que testifiquen el ministro de Político Territorial Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares Francina Armengol, ésta última también pedida por Koldo García.

De esta manera, el Supremo ha rechazado 8 de los testigos solicitados por Koldo García (entre ellos también Grande-Marlaska así como el presidente de la Generalitat y el exministro de Sanidad, Salvador Illa), así como 13 de los pedidos por la acusación popular, entre quienes estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García), la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (solicitada por todas las partes), el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras (a petición de Koldo García), el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre por riesgo "extremo" de fuga. En la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, la defensa de Koldo García cuestionó que el Supremo fuera competente para juzgar estos hechos, al considerar que la causa debería trasladarse a la Audiencia Nacional tras renunciar el exministro a su escaño en el Congreso, una petición a la que se adhirió la defensa de Ábalos.

Y, además, solicitó que consultase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia. En caso de que el tribunal rechazase esta petición, como así ha ocurrido, advirtió de que acudirá en amparo al Tribunal Constitucional, pondrá una queja a la Comisión Europea y abrirá la puerta, incluso, a un procedimiento de sanción contra España.

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