El Supremo tumba el recurso de Ayuso y confirma la anulación de la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre

El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la Comunidad de Madrid y ha anulado de forma definitiva la venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión. Estas pertenecían al antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y fueron vendidas a Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros en 2013.

La Sala Tercera del Alto Tribunal ahora ha tumbado el incidente de nulidad promovido por el letrado del Gobierno regional contra el auto que inadmitía otro recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó la anulación de la resolución del IVIMA, de 29 de agosto de 2013.

Esta resolución estaba relacionada con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L.

La providencia del Supremo estaca que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la titularidad efectiva de la Administración regional al confirmar la sentencia anulatoria de la enajenación, pues la resolución del recurso de casación se ajusta "íntegramente" a lo dispuesto en la legislación. Tampoco aprecia ninguna "incongruencia o error" en la decisión.

El consejero de Vivienda y Administración Local madrileño, David Pérez, defendió el recurso contra la ratificación de la anulación de la venta de las viviendas para "defender los intereses de los afectados", pues había un millar de personas que ya habían adquirido las viviendas.

Sin embargo, en su sentencia anterior, el Alto Tribunal argumentó que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar un lote de promociones, "no se ha justificado debidamente" que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".

Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". La Comunidad reclamaba que la sentencia anulatoria se circunscribiese al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el Supremo por no tener relación con el fallo del TSJM.

Azora, por su parte, planteó también que la postura del TSJM contradecía la doctrina jurisdiccional sobre el control negativo de la discrecionalidad técnica de la administración, algo que tampoco atiende el Supremo al entender que no concurre ese supuesto. "No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna", argumentaba la sentencia ratificada.

Además, el TSJM aseguraba que esas viviendas fueron concebidas con una función social para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que la mercantil (Azora) no tiene obligación de hacer. Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del IVIMA, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones).

Los afectados aplauden la decisión

Por su parte, la abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alejandra Jacinto, ha celebrado la decisión del tribunal, en el marco de la "titánica lucha jurídica" que han emprendido contra la venta de viviendas al "fondo buitre".

"El margen de maniobra de la Comunidad de Madrid, que de forma contumaz se está negando a acatar la sentencia, se va achicando y solo tratan de aplazar lo inaplazable, que es el retorno de esas viviendas al patrimonio público", ha señalado Jacinto, que exige al Gobierno regional que "deje de dilatar" el acatamiento del fallo del Supremo y de "causar daño", porque los desahucios de este fondo de inversión continúan, algo que es "responsabilidad directa" de la Comunidad.

"Que dejen de dilatar el proceso de forma torticera y que reparen el daño a las familias", ha reclamado.