El Gobierno ya "trabaja" en "ajustes técnicos" de la ley del 'solo sí es sí' y quita hierro a la tensión en la coalición

El Gobierno de coalición ha arrancado 2023, año clave por ser escenario de múltiples citas electorales, con una tensión que se ha ido agravando a medida que, día tras día, se han ido conociendo las revisiones de penas a la baja y excarcelaciones de delincuentes sexuales desde la entrada en vigor de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como ley del 'solo sí es sí'. Desde su puesta en marcha, en agosto del año pasado, más de 330 condenados por este tipo de delitos se han beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la controvertida norma.

Ello ha llevado al Ejecutivo conformado por PSOE y Unidas Podemos a abordar una corrección de la misma con el objetivo de eliminar -o al menos reducir- los "efectos indeseados", término ampliamente utilizado en los últimos dias por la parte socialista del Gobierno, quizá para evitar una confrontación directa con sus socios. Porque desde que comenzó el goteo de rebaja de penas, la formación morada se ha opuesto a reformar la ley, argumentando en multitud de ocasiones que dichas revisiones se estaban llevando a cabo por una interpretación errónea.

Sin embargo, prima la cordialidad y la serenidad en la exposición pública. Así lo han hecho ver este martes al término del Consejo de Ministros. "Esta es una buena ley, una ley pionera que vuelve a llevar a nuestro país al liderazgo en la protección", ha reivindicado Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, que ha añadido que, a día de hoy, la "mejor forma de defender la ley es llevar a cabo ajustes técnicos de la ley para evitar estos aspectos". Unos ajustes técnicos que, como ha definido, "no son fáciles ni sencillos". No parece que se haya alcanzado un principio de acuerdo entre las formaciones, viendo que Félix Bolaños, titular de Presidencia, no ha querido hacer ningún comentario al respecto.

La posición de Unidas Podemos en esta cuestión ha generado un nuevo enfrentamiento directo con el PSOE, partido al que acusan de ceder ante las "presiones de la derecha política, mediática y judicial" para que el consentimiento deje de estar "en el corazón de la ley" y que las mujeres "tengan que haber probado resistencia para ser consideradas víctimas de agresión". En filas socialistas han negado esas presiones y se han limitado a señalar la necesidad de modificar aspectos técnicos concretos de la reforma para evitar más rebajas de penas y excarcelaciones.

"Nadie entre quienes trabajaron en esta ley esperaba estos efectos indeseados. Queremos mejorar los aspectos técnicos, endurecer las penas para que estas situaciones no las veamos en el futuro", ha asegurado este mismo martes la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la misma línea que han mantenido otros ministros y líderes socialistas en las últimas horas, como Reyes Maroto o Félix Bolaños.

Aunque finalmente Unidas Podemos se ha abierto a esa revisión escueta -parece ser que llevan meses negociando con un gran paquete de propuestas mediante-, el escenario no es ni mucho menos sencillo. Todo lo contrario. La situación es realmente compleja para el Gobierno de coalición por varias razones; a destacar, por el inicio de una carrera electoral que ya está registrando sus primeros obstáculos para el bloque progresista, pero también porque se trata de una ley troncal, una de las más importantes de la legislatura, y la iniciativa estrella del Ministerio de Igualdad.

Ello sin obviar el contenido de la ley, que ha generado una enorme sensibilidad y preocupación social, así como un extenuante debate que no solo ha puesto frente a frente a los políticos; también, a jueces, funcionarios y expertos en materia jurídica. En cualquier caso, ahora el objetivo del Ejecutivo pasa por intentar llegar a un acuerdo que contente a ambas partes y que no provoque una implosión en el último tramo de la legislatura. Pero ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación?

En prácticamente todos estos casos,el gran problema reside en las penas mínimas, horquillas que se han modificado a la baja: si antes la horquilla era de seis a 12 años de prisión, ahora pasa a ser de cuatro a 12 años. Es decir, una posible revisión de ley podría pasar por aumentar esas penas mínimas. Aunque este posible cambio no supondría una marcha atrás en las rebajas de penas que ya se han dado. Más bien, un modelo para las siguientes revisiones que se puedan dar. Por el momento, se desconoce el camino que puedan acordar ambos partidos para encauzar una de las leyes clave de este Gobierno.