¿A la tercera va la vencida? Sumar resucita la reforma de la ley mordaza

La primera promesa para acabar con ella llegó hace ya siete años con el PP todavía en el Gobierno pero con una mayoría de izquierdas conjurada para enterrar la ley mordaza o de seguridad ciudadana, una norma que, cerca de cumplir nueve años, está destinada a someterse a su tercer intento de reforma.

Lo ha recordado esta misma semana la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras escuchar a Pedro Sánchez decir que continuaba al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión.

Díaz deja claro que en este periodo de reinicio Sánchez debe ir más allá de lo que se pactó en el acuerdo de investidura y pone sobre la mesa una reforma del Poder Judicial, sin negociarlo con el PP, y modificar la ley mordaza.

Del primer asunto el propio Sánchez ha apuntado que la responsabilidad del Gobierno es renovar el Consejo General del Poder Judicial para sacarlo de la situación "lamentable" en la que el PP lo ha metido; del segundo envite, la mordaza, no se ha pronunciado, si bien es cierto que se trata de una reforma comprometida e incómoda, de la que, por el momento, ningún grupo ha registrado alguna proposición de ley de reforma o derogación.

Hace un año su modificación se descalabró en la Comisión de Interior, en su penúltimo paso antes de pasar al Congreso, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los seis partidos favorables a su reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- en los cuatro puntos más calientes de la ley.

Esta fue la ocasión que la vigente norma, aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2015, ha estado más cerca de su final, aunque en un primer intento el consenso parlamentario era mayor y lo que hizo fracasar la reforma, también casi ultimada, fue la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de 2019.

Estos son los hechos más relevantes desde que hace siete años se diera el primer paso para dinamitar una ley que "presume" de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional en la mayoría de su articulado y hasta ahora de sobrevivir a su destino.

Cronología de la ley mordaza

En 2017 se produjo el primer intento de reformarla con el PP en Moncloa. El 21 de marzo el Pleno del Congreso daba el primer paso para modificar la ley al dar luz verde a la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE, que apostaba por derogarla, y del PNV, que pedía revisarla en 44 apartados. Con el PP aún en la Moncloa pero con minoría parlamentaria, PSOE, ERC, Unidos Podemos y PNV expresaron sus quejas con los retrasos en la tramitación.

En 2018, la moción de censura despierta la reforma. El entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, del PP, tendió diálogo al PSOE. La propuesta siguió durmiendo en un cajón y no sería hasta meses después de la moción de censura al presidente Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez en el Gobierno cuando la iniciativa se desempolvó para analizarse en ponencia.

En 2019, las elecciones de abril frustran una nueva ley. Tras escuchar a 14comparecientes, los diputados tuvieron en febrero una última reunión. Dieron carpetazo a sus propuestas porque las elecciones del 28 de abril obligaron a disolver las Cortes. Solo restaban dos o tres reuniones para presentar un dictamen y el acuerdo. Los portavoces de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos coincidieron en que los retoques estaban bastante consensuados.

En 2020, se convierte en la norma más usada en pandemia. Frustrada su reforma, la ley se convirtió en protagonista inesperada de la pandemia del coronavirus. Fue la norma más empleada para sancionar por desobediencia a quienes se saltaban las restricciones impuestas por los estados de alarma. En el primero -del 14 de marzo al 20 de junio- las multas resueltas por infracciones graves supusieron 115 millones de euros.

Con todo, fue también el año en que se inició el segundo intento de dinamitarla. En septiembre todos los partidos, excepto PP y Vox, daban su visto bueno a la misma iniciativa que el PNV presentó en 2017.

En 2021, despega el segundo intento. En febrero, se retoma su tramitación pero a paso muy lento. Tras más de 40 prórrogas de presentación de enmiendas, en noviembre la iniciativa parece que por fin se desatasca con PSOE y Unidas Podemos decididos a liderar los cambios con un paquete conjunto de más de 40 modificaciones contra los que policías nacionales y guardias civiles protestaron en Madrid.

En 2022, vuelve a quedarse en punto muerto. El año arrancó con la celebración de varias sesiones de ponencia. Tras salvar los partidos de izquierdas sin ninguna dificultad cambios planteados hace años, como los cacheos o el plazo máximo para identificaciones en comisaria, los acuerdos llegan a punto muerto.

Los grupos pro reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Eh Bildu y Junts- trasladan sus negociaciones fuera de la ponencia. Se celebraron más de 30 reuniones y se alcanzaron acuerdos en otros 15 artículos, pero no lograron esquivar sus escollos en los cuatro puntos que desde el inicio se calificaron como los preceptos "calientes" y "polémicos" de la ley: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.

En 2023, ERC y EH Bildu apuntillan el fracaso. Después de un año y medio de negociaciones y medio centenar de reuniones formales e informales en las que hay acuerdo para modificar 36 de los 54 artículos, la ponencia se da por concluida y el 14 de marzo el dictamen se eleva a la comisión de Interior.

Sigue sin haber acuerdo en los cuatro puntos sensibles, especialmente en el que afecta al material antidisturbios, asunto en el que ERC y EH Bildu se muestran muy en contra. Los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no son suficientes para sacar adelante el dictamen, que rechazan ERC, EH Bildu y Junts junto con los votos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que consiguieron sumar 19, por lo que la reforma vuelve a fracasar.