Torres-Dulce ordena la destrucción de las drogas incautadas en todos los procedimientos judiciales

Esta instrucción se corresponde con el acuerdo firmado el pasado mes de octubre por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los Ministerios del Interior y Justicia y otras instituciones para establecer un protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes.

La finalidad de esta medida es impedir que se almacenen todas las cantidades de drogas aprehendidas, tanto estupefacientes como psicotrópicas, y, al mismo tiempo, evitar que haya robos de estas sustancias en los lugares donde se almacenan.

"El almacenamiento y custodia de dichas sustancias y productos genera situaciones de peligro", reconoce en la instrucción Torres-Dulce, al tiempo que recuerda que "el alto valor económico en el mercado ilegal de la generalidad de los estupefacientes y psicotrópicos exige especiales medidas de vigilancia en estos depósitos". Y además la existencia de estos almacenamientos "masivos y prolongados en el tiempo" comportan elevados costes para la Administración, "sin que en la mayoría de los casos implique beneficio o utilidad alguna".

En su instrucción 5/2012, Torres-Dulce reitera el criterio ya expresado en otra instrucción del año 2007 sobre la venta de bienes decomisados e indica que los fiscales deberán proceder a la destrucción de la droga incautada, conservando únicamente muestras suficientes para posibles comprobaciones o investigaciones posteriores.

Para ello, deberán solicitar la debida autorización al juez competente, y además deberán asegurarse de que la droga ha sido efectivamente destruida. Asimismo, los fiscales vigilarán que quede constancia tanto de la destrucción como de la naturaleza, calidad, cantidad y valor en el mercado ilegal de lo destruido.

En la instrucción, Torres-Dulce pide a los fiscales que si el juez competente denegara la autorización para la destrucción de estas sustancias, los fiscales deberán interponer recursos y notificar la resolución denegatoria al fiscal jefe Antidroga.

También se especifica que los fiscales establezcan cauces de comunicación con los responsables policiales y con los órganos administrativos encargados de la custodia de las drogas intervenidas para controlar y detectar cualquier dilación que se pudiera producir en el proceso de destrucción de drogas almacenadas.

Otro de los aspectos destacados de la instrucción del fiscal general es el incremento a partir de ahora del sistema de control de la destrucción de las drogas incautadas.

Con ese fin, todos los fiscales superiores emitirán un informe semestral dando cuenta al fiscal jefe Antidroga de la destrucción de dichas sustancias en los procedimientos judiciales y de la evolución del depósito de las drogas intervenidas.

El Gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios suscribieron el pasado 3 de octubre un acuerdo para la destrucción de la droga incautada en operaciones policiales contra el narcotráfico en un plazo de dos meses.

Este nuevo protocolo regula el procedimiento a seguir desde la aprehensión de la droga, su análisis, custodia y destrucción con el objetivo de garantizar desde el primer momento de su incautación la fuente de prueba hasta la eliminación final del estupefaciente.

En concreto, el acuerdo marco de colaboración que han suscrito hoy los Ministerios de Interior, Justicia y Hacienda con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y la Agencia de Medicamentos fija un plazo de dos meses desde su aprehensión para que la droga sea destruida.