LA CAUSA HA IDO DE TRIBUNAL EN TRIBUNAL
La tragedia de El Tarajal: de la inhibición judicial a la imputación
El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que instruye la causa por la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos hace un año en la frontera ceutí, ha pasado en poco tiempo de la inhibición judicial a la imputación de 16 guardias civiles en el proceso abierto. En diciembre de 2014, la juez emitió un auto donde trasladaba el asunto a la Audiencia Nacional al entender que no era competente para juzgar lo ocurrido en la frontera. Sin embargo, el pasado 29 de enero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó su competencia y devolvió la causa al juzgado ceutí, que ha imputado a los agentes.
Fuentes judiciales han explicado que el juzgado ceutí abrió diligencias desde el mismo momento que apareció el primer cadáver de un inmigrante en la playa española del Tarajal, es decir, el 8 de febrero. Esa tarde -dos días después de la avalancha-, la Guardia Civil localizó a las 18:35 horas el cuerpo sin vida de un inmigrante flotando en la playa del Tarajal.
En los días posteriores aparecieron otros cuatro cadáveres más. La avalancha fronteriza se produjo a primeras horas de la mañana del 6 de febrero de 2014 y estuvo protagonizada por unos 250 subsaharianos que asaltaron en grupo la frontera, tirándose muchos de ellos al mar al ser contenido el intento por la Gendarmería marroquí. Ahí empezó la tragedia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, se hizo cargo del caso y empezó a recopilar información para proceder a la apertura de las diligencias. Las autopsias, según fuentes judiciales, determinaron que todos los inmigrantes habían fallecido por asfixia por inmersión -ahogados-, y los cinco encontrados en territorio español fueron enterrados en el cementerio católico de Santa Catalina.
A mediados de diciembre de 2014, la juez emitió un auto donde trasladaba el asunto a la Audiencia Nacional al entender que no era competente para juzgar lo ocurrido en la frontera, ya que había sido en territorio de Marruecos. Sin embargo, el pasado 29 de enero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó su competencia para investigar la tragedia y devolvió la causa al juzgado ceutí.
En esos momentos, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta debía decidir sobre si continuaba con la investigación abierta o bien, al existir una contradicción, solicitaba la intervención del Tribunal Supremo para que se pronunciara al respecto. El camino ha sido aceptar de nuevo las competencias. La juez ha decidido imputar a dieciséis de los guardias civiles que aquella mañana participaron en la contención de la avalancha que dejó el mayor número de muertos en la historia migratoria de la autonomía ceutí. Según el auto judicial, las primeras declaraciones se prestarán el 3 de marzo, día en el que deberán comparecer en las dependencias judiciales un capitán de la Guardia Civil así como tres agentes.
El 6 de marzo declararán dos guardias civiles, un teniente y un sargento; el 10 de marzo lo harán cuatro agentes y el 11 de marzo los cuatro restantes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha señalado en un comunicado que la instrucción de los hechos tendrá que determinar si los guardias civiles pudieran ser responsables de un delito de homicidio imprudente.
La instrucción sobre el resto de cadáveres encontrados está a la espera de recibir los datos solicitados a Marruecos por comisión rogatoria ya que la juez ha pedido que le digan el número de hombres muertos encontrados en aguas marroquíes y el resultado de las autopsias realizadas a los cadáveres, según el comunicado del TSJA.
Además, la juez encargada de la investigación está analizando diversos informes donde se relata por testigos presentes los hechos acontecidos. En poco menos de un mes se ha pasado de la inhibición judicial a la imputación. Y el proceso sigue su curso.