Los tres frentes judiciales de 'los papeles de Bárcenas'

La asunción por parte del juez Ruz de los 'papeles de Bárcenas' unifica en parte el frente judicial del caso, aunque no impedirá que la responsabilidad de la publicación y las cuitas laborales entre Bárcenas y el PP, sigan su propio camino en los tribunales.

Después de la decisión de la sala Tercera de la Audiencia Nacional, resolviendo en favor de Ruz el conflicto de competencias con Gómez-Bermúdez, este último deberá ceder las diligencias relativas a la querella presentada por IU y varias asociaciones y colectivos contra Luis Bárcenas, el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, los exdirigentes del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios.

Asimismo, Ruz ya había asumido la causa que el juzgado número 30 de Madrid abrió a raíz de una denuncia presentada por el sindicato 'Manos Limpias' contra el extesorero del PP por un delito contra la Hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes.

Así, el juez de la Audiencia Nacional centralizará, en una pieza separada del caso Gürtel, todas estas iniciativas sobre la presunta contabilidad ilegal en el PP, además de la investigación que abrió de oficio la Fiscalía Anticorrupción.

Hay un segundo frente judicial en relación con 'los papeles de Bárcenas'; se trata de la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el Partido Popular contra El País y quien se determine que es el autor de esos apuntes contables manuscritos que publicó el diario el 31 de enero.

El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid se ha hecho cargo de este asunto. Otros dirigentes y exdirigentes del partido, por su cuenta, han demandado también al diario por la aparición de sus nombres en 'los papeles de Bárcenas'.

Tercer flanco: el extesorero del PP demandó al partido por despido improcedente y por haber accedido sin permiso al despacho que asegura que mantenía en la sede de la calle Génova, así como por el robo de dos ordenadores que tenía allí. Luis Bárcenas sostiene que siguió trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero de este mismo año, fecha en la que asegura que fue dado de baja sin su consentimiento.