El TSJC da dos meses al Govern para cumplir con el 25% de las clases en castellano en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una vez recibido testimonio del Tribunal Supremo, ha dictado decreto de firmeza de la sentencia emitida por la Sala el pasado 16 de diciembre de 2020 en relación a la aplicación del 25% de lengua castellana en las escuelas.

Una vez devenida firme, la parte demandada, en este caso la Generalitat, tiene dos meses para ejecutarla, tal y como establece el articulo 104 de la Ley Contencioso Administrativo.

La resolución, que puede ser recurrida, explica que, una vez inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra esta sentencia de 2020, da este plazo al Govern para que "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".

Además, en ese mismo plazo, la Generalitat deberá indicar qué órgano es el responsable de dar cumplimiento a esta sentencia. La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.

El fallo, dictado en diciembre de 2020, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y que incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

Moción de Cs en el Parlament

Este viernes, Ciudadanos ha presentado una moción en el Parlament para instar al Govern a acatar esta sentencia del TSJC, así como a dar "los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros educativos en el plazo más breve posible".

El texto, que se votará en el pleno de la semana que viene, ha sido presentado por el diputado Nacho Martín Blanco, que pide que se condene "la contumaz inclinación del Govern a desacatar las sentencias judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano".