El TSJC obliga a la Generalitat a inmunizar a la Policía y a la Guardia Civil al mismo ritmo que a los Mossos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat vacunar a los profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo ritmo que los Mossos d'Esquadra, debido a que "no son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo". Ante esta orden, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a su vacunación si la Generalitat no lo hace en el plazo de diez días establecido por la justicia.

Marlaska se ha referido a este asunto en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PP Francisco Cañizares le ha preguntado si no le parece una "falta de respeto" a las Fuerzas de Seguridad del Estado que "el Gobierno de España sea quien tenga que acabar vacunándoles en Cataluña" cuando las competencias al respecto están transferidas.

El tribunal ha dado un plazo de 10 días para que se llegue a la proporción de vacunación de agentes estos cuerpos de seguridad, como sí ha ocurrido con los Mossos y la Guardia Urbana. Asimismo, solicita informe al Departament dos días después de finalizar este plazo.

Esta decisión ha sido acordada por la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC en un auto, que se puede recurrir, en el que estima la medida cautelar solicitada por el Sindicato policial JUPOL y la Asociación de la Guardia Civil JUCIL para que la Conselleria de Salud empiece a vacunar contra el coronavirus de forma inmediata y generalizada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

Como se puede leer en el auto, se remarcan las diferencias existentes a la hora de vacunar a uno y otro grupo: "Resultan elocuentes los datos", explica el tribunal, que recuerda que el 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los Mossos y un 77,9% de la Guardia Urbana, frente a un 3,6% y un 2,8%, respectivamente, de los efectivos del CNP y de la GC.

El Alto Tribunal catalán, que ha notificado personalmente su resolución a la consellera de Salud, Alba Vergés (ERC), considera que, sin prejuzgar lo que decida cuando analice el fondo del asunto, se aprecia en este caso una "apariencia de discriminación" en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el proceso de vacunación contra el coronavirus en Cataluña.