Huelga general
El TSJM corrige los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid y obliga a establecer los impuestos en la huelga de 2012
Los detalles El auto, dictado a raíz del recurso presentado por CCOO Madrid a través de sus servicios jurídicos, exige a la Administración el "inmediato cumplimiento de la medida acordada".
Resumen IA supervisado
Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha anunciado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes. Según el sindicato, el tribunal ha ordenado restablecer los mínimos acordados en 2012. En Educación, las ratios propuestas por la Comunidad de Madrid han sido suspendidas, y en Transportes, los servicios mínimos de autobuses y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se reducen a los niveles de 2012. En Justicia, se han recuperado los servicios esenciales de aquel año. El TSJM mantiene los mínimos del Metro por razones de seguridad.
* Resumen supervisado por periodistas.
Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha asegurado en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido mediante medidas cautelarísimas los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes.
Según el comunicado del sindicato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado "parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato" contra las dotaciones fijadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de las que únicamente queda fuera Metro de Madrid.
De acuerdo con lo expuesto por la organización sindical en su nota, el auto judicial ordena sustituir los mínimos impugnados por los baremos que rigieron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
CCOO subraya que el pronunciamiento de la Sala se produce antes del inicio del paro para evitar perjuicios irreparables, argumentando que el tribunal busca impedir que una resolución estimatoria posterior resulte "de imposible ejecución" y deje desprotegido el ejercicio del derecho fundamental.
En materia de Educación
En materia de Educación, según ha explicado el sindicato en el comunicado, la Comunidad de Madrid pretendía establecer unas ratios de "un docente por cada 50 alumnos en Primaria y uno por cada 90 en Secundaria".
No obstante, el fallo del tribunal ha suspendido dichas "exigencias" y ha recuperado los servicios mínimos pactados en 2012, "que contemplan la presencia de determinados responsables de los centros y las dotaciones específicas previstas para los servicios esenciales".
En Transporte
En Transportes, el Ejecutivo madrileño pretendía que los servicios mínimos de los autobuses interurbanos y urbanos de municipios distintos de Madrid capital fueran del 50% en hora punta y del 45% durante el resto de la jornada. El TSJM ha ordenado volver a los porcentajes pactados en 2012: 30% y 25%, respectivamente.
En lo referente a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), el Gobierno regional pretendía implantar unos servicios mínimos del 50% en la red específica y del 40% en la red concurrente. De nuevo, el TSJM ha devuelto los porcentajes a los pactados en 2012: 30% y 20%, respectivamente.
"También se reducen los servicios mínimos de los metros ligeros y del tranvía de Parla, que pasan del 50% al 30% en hora punta y del 45% al 25% durante el resto de la jornada", ha agregado el sindicato en el comunicado, en el que se detalla también que los servicios mínimos en el transporte escolar se quedarán en el 25% de 2012 y no en el 60% que pretendía implantar el Ejecutivo.
En el caso del Metro, el sindicato asegura que el TSJM ha optado por mantener "cautelarmente" los porcentajes establecidos para 2026, "al considerar que la motivación técnica relacionada con la seguridad de las personas requiere un examen que no puede realizarse con el alcance limitado de este procedimiento urgente".
En Justicia
La Comunidad de Madrid había establecido unos servicios mínimos del 25% de las plantillas "en distintos órganos judiciales" y del 30% "en determinadas actuaciones relacionadas con la violencia sobre la mujer, además de los servicios de guardia".
Sin embargo, el TSJM ha vuelto a recuperar los pactados en 2012, "centrado fundamentalmente en garantizar los servicios de guardia y las actuaciones esenciales expresamente previstas".