Acampada de Sol
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar ya la acampada de Sol como pedía el Gobierno de Ayuso
El contexto En su requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión".
Resumen IA supervisado
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso para forzar el desalojo inmediato de la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol. El tribunal ha pedido un informe a la Delegación del Gobierno para que se pronuncie sobre el desalojo, argumentando que cualquier medida de compulsión física debe contar previamente con el criterio de la Delegación. Ayuso había presentado un recurso alegando que la protesta es ilegal y perjudica el orden público y la actividad comercial. La Delegación del Gobierno, por su parte, ha asegurado que la acampada respeta el derecho a la manifestación y el ordenamiento jurídico.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso.
En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal un informe antes del miércoles a la Delegación del Gobierno, representada por la Abogacía del Estado, para que se pronuncie sobre el desalojo en el trámite de medidas cautelares.
Argumenta el TSJM que "encontrándonos ante medidas de desalojo que, caso de no ser atendidos los requerimientos verbales a tal efecto, podrían conllevar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes la utilización de medidas de compulsión física sobre las personas acampadas, tan real posibilidad exige que, con carácter previo, se cuente por esta Sala con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid, lo que, dadas las concretas circunstancias, conllevará la reducción del plazo legal de alegaciones al miércoles al 7 de octubre a las 9:00 de su mañana".
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado jueves que la Comunidad de Madrid presentaría un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.
En su requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público". También se quejaba de que la protesta perturba el "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional; la "imagen de Madrid como destino de calidad"; y la actividad comercial del centro de la capital, "paralizada de facto".
"Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", aseguró Ayuso.
Por su parte, la Delegación del Gobierno emitió los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital pidiendo el desalojo y ha incidido en que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes". No obstante, en el acuse de recibo, la Delegación señala que dada las "circunstancias concurrentes" en el desarrollo de la acampada están en "pleno respeto al ordenamiento jurídico". Es decir, respetan el derecho a la manifestación en una acampada que se está desarrollando sin incidentes.
Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid a laSexta han explicado que "la ley es clara y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso". y, por tanto, valoran que la acampada pueda continuar.
"El criterio que guía nuestros pasos será prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión. Ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental. Al Gobierno de Ayuso le pedimos respeto a estas garantías y que asuma sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna", han añadido dichas fuentes.