16 AÑOS DESPÚES DEL ACCIDENTE
Turquía entregará a España restos humanos que podrían ser de los militares del Yak-42
Las autoridades turcas entregarán a España parte de un fémur y 23 frascos con restos humanos que podrían corresponder a víctimas del accidente del Yak-42 ocurrido en 2003 en Turquía. Los restos serán trasladados a España para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
16 años después del accidente del Yakolev 42, Turquía ha exhumado restos humanos, entre ellos un fémur, en el lugar donde se produjo el accidente aéreo que en 2003 costó la vida a 62 millones españoles que retornaban de una misión en Afganistán.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, el fémur se ha exhumado este miércoles de un cementerio turco adonde, al parecer, fueron trasladados desde otro localizado en la localidad de Maçka. Fue en este último camposanto en el que, según confirmó Turquía, fueron enterrados en julio de 2003 y desenterrados años después.
Está previsto que estos restos sean remitidos al Instituto Anatómico Forense de Estambul. Además, también se entregarán a las autoridades españolas 23 frascos con más restos humanos que en su momento sirvieron para identificar el ADN.
El Gobierno español ha acordado que en el más breve plazo posible se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas, con el fin de su repatriación a España.
El traslado de los restos se produce gracias a un proceso de cooperación judicial con Turquía abierto por la Audiencia Nacional a mediados de 2018 a instancias de Defensa, ante el hallazgo del fémur que podría corresponder a uno de los fallecidos.
Los militares accidentados, la mayoría de los cuales pertenecían a la Base Aérea de Zaragoza, regresaban de una misión de paz en Afganistán a España cuando el avión se estrelló. El suceso costó la vida de todos ellos junto con la tripulación ucraniana.
La del Yak-42 es la mayor tragedia aérea del Ejército español y derivó en un cúmulo de errores en las identificaciones de las víctimas. En enero de 2017 el informe del Consejo de Estado, asumido por el Gobierno, dio la razón a las familias que defendían que la tragedia era evitable y que el avión nunca debió volar.