Audiencia Nacional
La UCO se presenta en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con el caso Leire
Los detalles El juez Santiago Pedraz requiere documentación al PSOE en la investigación de una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido. Pedraz imputa a los exdirigentes socialistas Cerdán y Zarrías, al empresario Pérez Dolset y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
Resumen IA supervisado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en Madrid, en una investigación de la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Pedraz. Esta acción se enmarca en una pieza secreta del caso Leire, que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Los exdirigentes Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como el empresario Javier Pérez Dolset, están imputados junto a otros por delitos graves, incluyendo organización criminal y cohecho. La operación ha provocado reacciones políticas, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo elecciones generales.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. El juez Pedraz, en una pieza secreta que parte del caso Leire, ha ordenado a la UCO acudir a Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos de una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Dentro de esta operación, los agentes de la UCO han acudido a la casa de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y Gaspar Zarrías, en Madrid y Mairena del Aljarafe. También han entrado a la casa del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles. Tanto Cerdán como Zarrías y Dolset quedan como imputados. También hay requerimientos de información a una decena de empresas, entre ellas una agencia de viajes. Y una petición de información en la Dirección General de la Guardia Civil.
Según fuentes de la investigación a laSexta, se investigan supuestos pagos desde la Gerencia del PSOE, camuflados en facturas falsas, a Leire Díez y su entorno por informaciones sobre las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez desde 2024. El juez Pedraz imputa también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
Segun fuentes jurídicas, el juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Igualmente, Pedraz considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.
Esta operación de la UCO se sucede mientras el presidente del Gobierno se encuentra en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España.
La noticia de la entrada de la Guardia Civil a Ferraz ha sacudido a los diputados en el Congreso cuando estaba a punto de comenzar la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en reaccionar calificando la situación de "extrema gravedad". "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata", ha asegurado pidiendo elecciones generales.
El caso Leire, origen de esta pieza secreta
Esta nueva pieza secreta del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, parte de la investigación a la fontanera del PSOE, Leire Díez, a Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Estos están siendo investigados por cinco contratos en los que se habrían producido adjudicaciones amañadas. En ellas, los tres se habrían repartido comisiones ilegales.
Según contó laSexta hace meses, los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.
Precisamente, la empresa Tubos Reunidos fue rescatada por la SEPI en 2021 recibiendo ayudas por valor de 112,8 millones de euros. Además, para estas operaciones, los tres implicados utilizaban una empresa llamada Mediaciones Martínez que era contratada por las adjudicatarias después de que la SEPI adjudicara los contratos a dedo.
Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'nosotros tres' . En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre estas actividades ilegales.