La Unión Progresista de Fiscales lleva ante la ONU la "sucesión de irregularidades" en la causa contra el fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales ha remitido hoy una comunicación formal a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal seguido contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz".

"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", señalan en un comunicado en el que añaden que "los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho".

Recuerdan asimismo que la Relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de "supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces". Y defienden que este paso "no es un gesto político" sino un "mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España".

Así, le han descrito y documentado una serie de hechos que creen "incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial" como la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados. Y enumeran que los mismos magistrado fuerin los que participaron en la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y finalmente, el enjuiciamiento.

Por eso creen que "este solapamiento compromete la apariencia de imparcialidad" que exige la ONU sobre independencia de la judicatura.

En su escito, los fiscales progresistas también destacan que la instrucción realizó medidas "extremadamente invasivas" con la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado y el "volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas". Y afean que parte de información incautada fue posteriormente "filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones".

También le remiten a la relatora "comportamientos públicos impropios durante el juicio y la deliberación" como "intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad", el curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, "comentarios jocosos" del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción y "vínculos académicos recientes" entre magistrados y abogados acusadores.

Además, recuerdan la anomalía de conocer el fallo condenatorio semanas antes de tener la sentencia y sus motivaciones. "Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican. Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones", señalan.

Con todos estos hechos, los fiscales piden a la relatora de la ONU que los analice y valore "si comprometen la independencia judicial". También solicitan que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar stándares internacionales. Y también que considere una visita oficial a España para evaluar el impacto institucional de este caso. Y añaden que su intención "no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla".

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