La cesión de migración a Cataluña provoca un efecto 'boomerang' en Euskadi e inquieta a varias comunidades y la Policía

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado que el Gobierno transfiera "ya" a Euskadi las competencias sobre migración tras el acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE sobre esta materia. Sin embargo, el País Vasco no es el único preocupado por estas medidas ya que hay varias comunidades que han mostrado su inquietud e, incluso, ha llegado hasta el Cuerpo de la Policía Nacional. Mientras que la propia Generalitat catalana, gobernada por ERC, ha pedido al Gobierno conocer "la letra pequeña".

Preguntado sobre este pacto con Junts tras una reunión mantenida en Madrid con el embajador de Japón, Takahiro Nakamaee, Urkullu ha recordado que esta reivindicación no es nueva, que ya la planteó el Gobierno Vasco durante la pasada legislatura, que está recogida en el Estatuto de Autonomía y que él mismo trasladó esta petición al ministro José Luis Escrivá. No ha querido comparar lo que se ha ofrecido a Cataluña en esta negociación respecto a la transferencia pendiente a Euskadi en esta materia y ha insistido en que el País Vasco tiene "un Estatuto de Autonomía que todavía está pendiente de ser cumplido".

Ha recordado que "el Gobierno español y el PSOE han adquirido un compromiso nuevamente" al llegar a un acuerdo con el PNV para el cumplimiento del Estatuto y el desarrollo del autogobierno vasco. "Estamos en un periodo precisamente en el que ha de plasmarse ya uno de los compromisos por parte del PSOE" sobre este ámbito competencial relativo a la política de migración, ha recalcado.

Medida contemplada en el Estatuto

Ha insistido en que esta reclamación no es nueva, que está contemplada en el Estatuto y que "debe ser cumplimentada por parte del Gobierno". La competencia sobre acogida de migrantes es una de las tres materias que deberían traspasarse a Euskadi en los próximos tres meses y que PSOE y PNV recogieron en el acuerdo para el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Las otras dos son el traspaso de cercanías de Renfe y la homologación de títulos universitarios extranjeros. En la negociación, el Gobierno Vasco está planteando ser el competente en la segunda fase de tratamiento de los migrantes, una vez que el Gobierno español haya reconocido la protección internacional.

Lo que hasta ahora plantea el Ejecutivo de Vitoria es hacerse responsable de los itinerarios de integración social de estas personas a las que se les haya establecido la residencia en Euskadi. Fuentes del Gobierno Vasco han precisado que, de cualquier manera, si el gabinete de Sánchez concediese una transferencia "total" en materia de inmigración a Cataluña, Euskadi también la reclamaría.

El acuerdo despierta recelo en varias CCAA

Mientras, otras arias comunidades autónomas han pedido explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio anunciado este miércoles con Junts y, concretamente, Canarias, Murcia y Baleares han solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones. Así, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido una reunión "urgente" de la conferencia sectorial de migraciones para que se aclare el acuerdo alcanzado y ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo canario.

En este sentido, esperan conocer "la letra pequeña" dado que es "fundamental" conocer a qué tipo de acuerdos se llega con las comunidades autónomas. Cabello ha criticado que no tienen "información" sobre ese acuerdo y ha defendido que en la sectorial "es donde toca" abordar acuerdos de ese tipo porque una negociación entre el Gobierno y un partido político no puede "condenar" a Canarias.

Murcia también ha pedido la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración para que el Gobierno explique el alcance de la cesión de esta competencia y las consecuencias que va a tener respecto al resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso de acogida de los inmigrantes llegados a Canarias. En todo caso, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la cesión de las competencias de inmigración. "Es una competencia estatal y así debe seguir siéndolo", ha afirmado el Gobierno murciano.

Baleares también ha pedido que se reúna la Conferencia Sectorial para analizar el pacto y que les expliquen hasta qué punto llega el acuerdo entre PSOE y Junts, además de saber las afectaciones que tendrá en el resto de autonomías, dado que entienden que es una política "muy importante" que se tiene que "llevar de manera coordinada", incluso a nivel europeo, y tiene que haber "solidaridad entre autonomías". En este caso, también ha puesto el ejemplo que si Canarias solicita el traslado de personas a la Península, el pacto tiene que aclarar si Cataluña puede o no recibir migrantes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que explique el alcance de la decisión de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña. Mientras, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, para abordar la cesión de la materia de inmigración a Cataluña dado "los efectos perniciosos" que puede tener la medida en el control de la inmigración irregular que llega a las dos ciudades españolas del norte de África.

La Generalitat también pide conocer le letra pequeña

La propia Generalitat catalana, gobernada por ERC, ha pedido al Gobierno conocer "la letra pequeña" del traspaso de competencias en materia de inmigración porque "solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña". En cualquier caso, el Govern considera "muy relevante" el acuerdo, aunque no lo haya negociado con el Ejecutivo. "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía", ha dicho la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de fabricar "una nación de facto" al ceder las competencias de migración a Cataluña, una "quimera" que se pagará "con el dinero de todos los españoles". Ayuso ha asegurado que la cesión de competencias de migración da una imagen preocupante de España, ya que es un país que vive "extorsionado" y que se gestiona desde Ginebra. En este sentido, ha cuestionado que la Unión Europa permita que "de facto se fabrique una nación", "que es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración".

Inquietud en la Policía Nacional

La Dirección General de la Policía ha tranquilizado este jueves a los sindicatos policiales, a quienes ha asegurado que el traspaso de la inmigración a Cataluña no supondrá la pérdida de las competencias que ahora tiene este cuerpo en materia de extranjería y fronteras. Según han indicado a EFE fuentes sindicales, responsables de la Dirección han llamado a los representantes de esas organizaciones para tranquilizarles, después de que este mismo jueves hayan mostrado su inquietud por el acuerdo.

Una cesión que, de forma unánime, han considerado un despropósito porque, según ellos, supondría el desmantelamiento y la expulsión de la Policía Nacional de Cataluña. De acuerdo con las fuentes, en esas llamadas la Dirección ha recalcado que las competencias actuales de la Policía Nacional se quedarían "como están". No obstante, algunos representantes sindicales han mostrado a EFE su desconfianza y han dicho que siguen a la espera de conocer el texto de la futura ley.