La vieja amistad de la que pende la renovación del CGPJ: Campo y López, dos políticos jueces y antiguos compañeros

Entre micrófonos, a uno y otro lado de la veintena de asientos que coronan la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rodeados de documentos, bolígrafos y maletines, surgió el primer flechazo: una amistad larga, desde la discrepancia ideológica, pero cimentada en las pasiones compartidas. Allí, dos jóvenes magistrados, dos jóvenes vocales, juristas con hambre política, coincidieron como miembros del órgano que gobierna a los jueces.

Corrían los primeros instantes del siglo XXI y aquellos nuevos compañeros eran unos absolutos desconocidos fuera de la carrera judicial. Hoy, veinte años después, la amistad se mantiene, pero uno es ministro de Justicia. El otro, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y responsable de Justicia del PP. Son Juan Carlos Campo y Enrique López. Y, en sus manos, la renovación de uno de los órganos constitucionales, pendiente desde hace un par de cursos.

Una misión inaplazable en la que tienen que ponerse de acuerdo... bloqueada por sus jefes. Porque ellos, entenderse, se entienden, aseguran fuentes de su entorno a laSexta.

Los dos negociadores, uno por el PSOE -que no por el Gobierno- y el otro por el PP, tienen que buscar el consenso para permitir que haya un nuevo CGPJ lo antes posible, porque el actual está en interinidad. Es la institución que decide los nombramientos y ascensos de la carrera judicial y su funcionamiento está recogido en la Carta Magna. Ahí reside su importancia: en la separación de poderes, en la certificación de que tenemos una justicia sin politizar en nuestro país.

¿Qué es el CGPJ?

Pero, ¿es exactamente así? Para poder valorarlo, hace falta comprender qué es el CGPJ, quiénes lo integran y cómo se elige a los jueces en España.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Está formado por 21 miembros: 20 vocales -2 elegidos entre jueces y magistrados y 8 entre juristas de reconocida competencia- y el presidente, que es también cabeza del Tribunal Supremo. Todos tienen un mandato de cinco años y sus puestos deben acordarse por tres quintos del Congreso y Senado, de manera conjunta –210 votos–.

El CGPJ está compuesto por 20 vocales y el presidente, que también es cabeza del Tribunal Supremo

Esa cifra es clave: es la llave que permite que la renovación se lleve a cabo gracias al pacto de los grupos mayoritarios: Partido Popular y PSOE. Ellos, al final, son quienes deciden los nombramientos.

El CGPJ fue establecido por la Constitución de 1978 (artículo 122), siguiendo los modelos de otros países próximos como Francia, Portugal y, en especial, Italia. “El CGPJ, a pesar de que se llama así, no es el poder judicial, porque el poder judicial sólo lo tienen los jueces. Es lo que, en otros países, se llama consejo de la magistratura”, explica el abogado, magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ Agustín Azparren en conversación con laSexta. Azparren compartió promoción con Campo y López.

Los nombramientos para el CPGJ se aprueban en el Congreso con una amplia mayoría

Es el artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial el que establece cómo ha de renovarse el CGPJ: cada cinco años y bajo la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado, que serán quienes adopten las medidas necesarias para que el proceso se cumpla.

¿Existe la Independencia judicial?

La idea es que cada Poder -ejecutivo, judicial, legislativo- se gobierne a sí mismo y, así, se vigilen y controlen entre sí, sin interferencias. La tesis de Montesquieu.

“Normalmente el ataque a la independencia judicial es indirecto: es decir, los partidos se reparten los vocales del Consejo: eligen a magistrados más afines a ellos. Pretenden controlar esas nombramientos, tener alguna influencia, que tiene cierta importancia porque los altos cargos son los que suelen juzgar a los aforados”, ahonda Azparren.

El poder judicial debe ser independiente para no tener una justicia politizada, según las tesis de Montequieu

Por eso, los términos en los que el debate se está desarrollando hoy en día deja visible las costuras del proceso: los políticos ya hablan de que entren otros partidos al CGPJ.

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy contaba con una holgada mayoría absoluta. Eso se tradujo en que, de los 21 miembros, 11 fueron nombrados a propuesta de los populares. Siete, en cambio, ocuparon el cargo con la bendición del PSOE; uno de IU y otro del PNV. En principio, ese reparto de fuerzas iba acorde a la imagen que reflejaba el Congreso.

El actual CGPJ debió renovarse en 2018, pero se pospuso por diferentes polémicas

Le tocaba renovarse en 2018. Parecía que había acuerdo, pero se dinamitó tras una polémica con el entonces líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, congratulándose de controlar “la Sala Segunda desde atrás” en un whatsapp privado, y con la moción de censura y las múltiples citas electorales, el proceso, finalmente, se pospuso. Ahora, con un gobierno de coalición en Moncloa, el tablero político está repartido de manera muy diferente. Pero el Consejo continúa con una amplia mayoría conservadora.

La renovación, "cuestión de poco tiempo"

En esas andan ahora Campo y López. Ambos son los designados por sus partidos para negociar esa renovación necesaria.

El proceso, al menos de cara a la galería, avanza a trompicones. Desde el entorno del ministro de Justicia apuntan, en una charla con esta cadena, que el acuerdo está casi, casi. “Es cuestión de poco tiempo”, aducen, puesto que el entendimiento entre ambos negociadores es total.

Fuentes de Moncloa son más severas cuando laSexta les pregunta. El hecho clave, a sus ojos, es que el líder del PP, Pablo Casado, es quien bloquea la posibilidad de acuerdo, y que está esperando que llegue el viento de cara tras las elecciones catalanas. Sin embargo, el pasado viernes, el presidente del Gobierno anunció que llamaría a Casado para tratar de facilitar la renovación. El PP, según comentan ellos mismos, aún sigue esperando.

"El acuerdo es cuestión de poco tiempo"

Hay tres condiciones que los populares han puesto antes de sentarse a hablar. Una, la retirada de la propuesta de reforma de elección al Consejo -el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea cambiar la elección de los miembros judiciales del CGPJ para que el Congreso pueda nombrarlos con la mitad más uno de la Cámara en lugar de los tres quintos actuales, aunque él mismo anunció su retirada durante su intervención en la moción de censura de Vox ante el rechazo causado, no sólo en el resto de partidos sino en las instituciones europeas-.

Dos, la exclusión de Podemos del proceso -“por ser un partido anticonstitucional”-. Tres, “avanzar en la despolitización de la justicia”.

Para el PP, una línea roja es excluir a Podemos del acuerdo

Así, realmente, el único escollo es el papel de Podemos, puesto que la idea es avanzar en la independencia judicial. Fuentes próximas a Enrique López sentencian: “Que Podemos tenga el mismo papel que en las negociaciones de la fusión de Caixabank y Bankia o en el presupuesto de Defensa: ninguno”.

Política en los magistrados

El condicionante es bastante particular, puesto que Unidas Podemos es la cuarta fuerza en el Congreso y que no sería la primera vez que haya un vocal del CGPJ a propuesta de otros grupos que no sean PP y PSOE o partidos nacionalistas. Lo cuenta Luis Aguiar, catedrático honorífico de Derecho Constitucional y exvocal del Consejo, en la misma etapa que Juan Carlos Campo y Enrique López.

Su promoción constituyó un “Consejo muy singular, porque la mayoría era de inspiración muy conservadora, con un presidente, magistrado del Supremo pero muy conservador, que había llegado por el quinto turno, que estaba extraordinariamente comprometido con la derecha, con las posiciones más conservadoras y con el PP”. En este consejo hubo un vocal designado a propuesta de CiU. También había un segundo vocal que era propuesto por Izquierda Unida. “Con lo que esa sorpresa con lo que puedan estar los de Podemos… es desproporcionado”, aduce el magistrado.

En anteriores Consejos, ya hubo vocales afines al PNV, CiU o Izquierda Unida

Así, la pelota está en el techo de los negociadores: ya no sólo por lo que pacten entre ellos como por los compromisos que arranquen a sus líderes. Desde el entorno de López deslizan: es cuestión de tiempo. “No ha habido dos años de bloqueo [se refiere a la filtración del nombre del posible presidente acordado, Manuel Marchena, al SMS de Cosidó, a que 2019 fue inhábil, al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General y a la pandemia y el estado de alarma], pero sí, es una negociación que hay que cerrar de una vez”.

No será la primera vez que Campo y López se vean en este papel, con un telón de fondo tan tensionado, con tanta polarización. Compañeros de la época de ambos recuerdan que el Consejo del que formaron parte (de 2001 a 2008, presidido por Francisco Hernando) rememoran que fue una etapa “muy dura por el enfrentamiento político. Agria”.

Tanto López como Campo fueron vocales en el CGPJ de 2001 a 2008

“Con una mayoría conservadora (11 vocales de 21) se produjo el 11-M. Después, ganó Zapatero y había un Consejo muy escorado a la derecha y un Congreso con unas nuevas elecciones en las que había ganado el PSOE. Ése ha sido [el CGPJ] en el que se ha producido un conflicto político más duro”, dibujan. “El Consejo se convirtió en una prolongación del Congreso a la hora de analizar las actuaciones de justicia. Hablamos de matrimonio homosexual, agilización del divorcio, el Estatut”. La división en cuanto a avances sociales de la España de hace quince años era patente.

En ese órgano tan sumamente politizado, sobresalía Enrique López. Era el hombre del partido -como finalmente se consumó con su salto a las filas del PP como político-. Enfrente, a cargo del sector progresista, estaba José Antonio Alonso, quien, a la postre, fue nombrado ministro de Interior y de Defensa por José Luis Rodríguez Zapatero.

López, "hiperactivo"; Campo, "projudicial"

Testigos de la época recuerdan cómo López “desplegó una hiperactividad política que luego le ha llevado a ejercer los cargos que ha ejercido”. Cosa que, según las mismas voces, no se daba con Juan Carlos Campo, que inició su recorrido político posteriormente. Campo, como no era de Jueces para la Democracia [la asociación profesional de la magistratura más encuadrada en el espectro progresista] se alineaba, tenía esa identidad de orientación, pero no lideraba la minoría progresista.

"Los dos vienen de la carrera judicial, hay una identidad de profesión, compartieron Consejo…"

“Este matrimonio es de pura conveniencia. La rivalidad entre López y Campo era importante, no es sincera. Ahora lo que pasa es que hay coincidencia de que los dos vienen de la carrera judicial, hay una identidad de profesión, compartieron Consejo…”, suspiran.

Todas las fuentes jurídicas consultadas esbozan la misma imagen cuando se les pregunta por los dos negociadores. Antiguos compañeros relatan cómo, en su Consejo [2001-2008], los vocales se dividían en dos grupos: los más teóricos y los más políticos. Campo y López estaban, claro, en el segundo grupo. “Por ejemplo: ¡en aquella época, los vocales progresistas se reunían en Ferraz [la sede del PSOE], no en ninguna sala del CGPJ o de las asociaciones de magistrados!”, desliza un testigo de la época.

Esa vena política, apunta, se nota en el mismo funcionamiento del Consejo. “Tienen línea directa con los partidos, coordinan con ellos. Son magistrados pero con una vocación más política, la prueba es que después terminan con cargo político. Enrique López y Juan Carlos Campo tenían esa mentalidad”.

Ambos dos, manifiestan todas las fuentes jurídicas, “mantienen siempre las formas y por eso, a pesar del conflicto político, mantuvieron la relación personal”. “Eso facilita mucho el que hayan coincidido ellos en la negociación”.

“A pesar de que estaban en grupos contrarios, tenían buena relación, estuvieron negociando cargos. Mucho tiempo de departo”

“A pesar de que estaban en grupos contrarios, tenían buena relación, estuvieron negociando cargos. Mucho tiempo de departo”, sostienen antiguos colegas. “Por eso, ahora cuando dijeron que se habían puesto de acuerdo, estoy convencido de que los dos llegaron a un acuerdo fácilmente. Están muy entrenados después de tanto tiempo en el Consejo”.

Amigos desde hace dos décadas

En aquellos tiempos no sólo compartían tiempo en los despachos, sino también almuerzos y cenas. “El pasarlo bien une mucho”, sonríe un colega. “Ellos, aunque se peleaban aparentemente en los plenos, eran amiguetes”. Tanto se ponían de acuerdo que incluso llegaron a montar la Comisión de Comunicación, que no existía hasta ese momento, y que derivó en la creación de gabinetes de comunicación en los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país.

Fue el propio Campo quien tildó a López de un “viejo amigo”. Porque ellos, a pesar de haber pasado casi dos décadas, han mantenido ese vínculo. “En el CGPJ las relaciones personales son complicadas. Hay tensión, como si fuera un Parlamento. Las relaciones van deteriorándose, y, con prórrogas, todavía más”, indica otro miembro de aquel sector conservador.

“Ambos tienen muy buena voluntad de renovar el CGPJ, pero no depende de ellos”

Tanto es así que, aquella promoción, desde que se disolvió el Consejo, no ha conseguido reunirse todos juntos. “No se ha conseguido decir, oye, reunirse una vez, un aniversario, cena… y en doce años no ha sido posible”.

“Ambos tienen muy buena voluntad de renovar el CGPJ, pero no depende de ellos”, se lamenta un conocido de los dos. “Campo es un buen magistrado y un buen jurista, un buen penalista. Un chico listo. Es un hombre muy respetuoso, muy projudicial, pero como todos los jueces con una veta política muy acusada, hacen política. Y López es muy listo”, le dibuja otro colega en conversación con laSexta.

Los dos, en suma, fueron “compañeros excelentes”. “Al final, el CGPJ no era, ni es cuestión de personas, sino de estructura, de concepción. Mientras se cocine el Consejo como un sindicato, o como correa de conexión del partido gobernante, no hay nada que hacer”. Y eso, de momento, está en las manos de Campo y López.