Rechazan aplazar el juicio a Villarejo por el caso Tándem e impiden al fiscal incluir pruebas

Primera jornada del juicio por el caso Tándem. Por primera vez, el excomisairo Villarejo se ha sentado en el banquillo por esta causa en una sesión que se ha centrado en el intento de la defensa de aplazar el juicio. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha echado por tierra su petición, al tiempo que ha impedido a la Fiscalía aportar otras fuentes de prueba que, en su opinión, evitarían eventuales nulidades.

A su llegada a la Audiencia Nacional, Villarejo se había mostrado tranquilo y había señalado que confía en el estado de derecho, con jueces independientes, y en que no se enfrente a "una justicia folclórica". Tras negar haber utilizado medios de la policía para sus empresas, el excomisario ya había insistido en que no iba a llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía. "Confío en que será un juicio justo", añadía. "A mí no se me ha tratado como un presunto delincuente se me ha tratado como a un enemigo al que hay que aniquilar", insistía.

Esta es la primera vez que le vemos en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Tándem. La Fiscalía pide para él casi 110 años de cárcel y 950.000 euros por cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos, entro otros delitos. Y con tres encargos de particulares para espiar a terceros, conocidos como Land, Iron y Pintor.

Villarejo ha llegado al juicio con la pretensión de defenderse a sí mismo, junto a su abogado Antonio José García Cabrera. Y aunque no estaba previsto que Villarejo declarase hasta noviembre, si ha querido reiterar su inocencia ante los medios.

En total, este juicio sienta a 27 personas físicas en el banquillo y cinco personas jurídicas. Entre ellas, su socio Rafael Redondo, al que la Fiscalía le pide 102 años, su mujer Gemma Alcalá (86 años) y el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, para quien solicitan 87 años de prisión.

Así ha sido la primera jornada

La primera jornada, centrada en las cuestiones previas, ha comenzado con el intento de varias defensas de aplazar un juicio al que, según han recalcado, venían "a ciegas" porque no habían tenido acceso a toda la causa, incluidas las agendas que se intervinieron al excomisario y que han nutrido buena parte de las 30 líneas de investigación en las que se ha desgajado el caso Tándem.

El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, también ha criticado que haya informes policiales realizados "a espaldas de las partes" y ha reivindicado el derecho de su cliente, sentado a su lado durante buena parte del juicio y vestido con toga al ejercer como codefensor, "a saber qué hay" en ellos.

Tras reunirse unos minutos a deliberar, el tribunal ha rechazado aplazar la vista al estimar que tienen tiempo "de sobra" para consultar la información que reclaman dado que, tras la jornada de mañana, no se reanudará hasta el 15 de noviembre, y les ha propuesto que acudan durante esos días a la Audiencia Nacional a examinar las agendas, y pidan aportarlas al juicio si lo estiman.

Pero las defensas no han sido las únicas que han visto sus peticiones desestimadas. También la Fiscalía Anticorrupción, que ha intentado sin éxito incorporar al juicio documentación que avalaría, en su opinión, los indicios para acordar algunos registros practicados en la causa y evitaría que las partes pudiesen "plantear cuestiones de nulidad".

Tras recibir el rechazo unánime de todas las defensas, que han criticado por "intempestiva" y "extemporánea" la solicitud, la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, ha rechazado la petición del fiscal, quien, como el resto de acusaciones, ha denunciado "indefensión".

Lo que sí ha aceptado el tribunal ha sido incorporar, a petición de Anticorrupción, varias resoluciones relacionadas con el registro del domicilio de Villarejo en octubre de 2020, con la cadena de legalidad de varios oficios policiales y con el cotejo entre las agendas intervenidas al comisario y los informes que la Policía elaboró sobre ellas.

Aunque no ha llegado el turno de los acusados, Villarejo ha vuelto a reivindicar su inocencia ante los medios a la entrada al juicio y ha confiado en que no se le someta a "una justicia folclórica" porque, de lo contrario "sería como un linchamiento, como en el oeste".

Ya a la salida de esta primera sesión, el excomisario ha manifestado su sorpresa por el intento, según él, de "boicotear su función como letrado y ha señalado que ha encontrado cierta "predisposición de la Sala", que espera que con el tiempo "se vaya reconduciendo".

"Voy a respetar absolutamente la ley como he hecho toda la vida", ha proseguido para manifestar su confianza en que al final "la verdad resplandezca".

Esta jornada también ha estado marcada por la controversia generada a raíz de los acuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con varios acusados, como los empresarios Muñoz o Susana García Cereceda, y a los que el resto de acusaciones ha restado validez por no haber participado en ellos.

La sorpresa ha venido asimismo por la ausencia de dos acusados en el banquillo. Mientras el abogado de uno de ellos, Francisco Carpintero, ha alegado motivos médicos, la defensa del otro, Juan Manuel León (al que la Fiscalía pide 12 años en la pieza Land), ha admitido desconocer su paradero pese a las gestiones realizadas para localizarle.

Circunstancia que también ha sido alegada por las defensas para fundamentar su petición de suspensión, pero que ha sido igualmente rechazada por el tribunal, que ha anunciado que responderá a esta cuestión cuando resuelva las distintas alegaciones expuestas por las partes.

Tras las dos primeras jornadas de juicio (fijadas para este miércoles y el jueves), la Sala había señalado para su continuación el 27 y 28 de octubre, pero finalmente se reanudará el 15 de noviembre en atención a la petición de la defensa de García Castaño, que tiene la vista de extradición del fundador de WikiLeaks Julian Assange, al que también defiende.

Los tres encargos: Iron, Land y Pintor

El juicio gira en torno a tres presuntos encargos efectuados al grupo Cenyt, propiedad de Villarejo y al que la Fiscalía se refiere como "organización criminal", en busca de información sensible de personas o empresas, incluidos tráficos de llamadas o movimientos bancarios, y en los que el comisario se sirvió presuntamente de su condición policial.

El proyecto Iron fue encargado en 2013 supuestamente por el bufete Herrero & Asociados, también acusado y quien habría pagado 302.500 euros "de forma opaca" para espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.

Land, por el que se pagó presuntamente 340.252 euros, se habría producido en el marco de una disputa familiar por la herencia del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda. Procisa, empresa de Susana García Cereceda (hija del empresario), habría contratado entre 2012 y 2014 a Cenyt para conseguir "información reservada de terceros" como Jaime Ostos, marido de su hermana Yolanda García Cereceda, para "poder presionarle" y que se apartara de la "gestión del elevadísimo patrimonio" de su mujer; o de la viuda del promotor, Silvia Gómez Cuétara.

En la pieza Pintor entrarían en juego los empresarios Juan y Fernando Muñoz, acusados de contratar entre 2016 y 2017 al excomisario -que ya estaría jubilado- en busca de información reservada para presionar a un exsocio por una deuda y conseguir que él y su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, "modificaran su estrategia procesal" en un procedimiento judicial. Según la investigación, habrían pagado 20.000 euros a Villarejo, que les llegó a facilitar un vídeo de Urquía consumiendo cocaína, si bien no utilizaron la información que se les proporcionó.