LA FISCAL PIDE 45 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOS PRESUNTOS ASESINOS DE PUELLES

La viuda de Puelles: "Mi vida no es vida"

Primer día de juicio contra los tres etarras acusados de asesinar al policía Eduardo Puelles. Ninguno ha querido responder a las preguntas de la fiscal porque no reconocen al Tribunal. Están acusados de colocar en 2009 una bomba lapa en el coche del inspector de policía.

Francisca Hernández y Sotelo, la viuda del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles, que murió en un atentado con bomba lapa el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya), ha dicho en la Audiencia Nacional que "aquí derechos tienen solamente los asesinos".

De esta forma lo ha expresado en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra los tres miembros del "comando Otazua" de ETA, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide 45 años de prisión por un delito de asesinato terrorista y estragos.

Los acusados se han negado a declarar en el juicio después de manifestar que no reconocían la legitimidad del tribunal para juzgarles, mientras que Beatriz Etxebarria ha denunciado malos tratos y torturas de los tres procesados durante su detención.

La viuda de Eduardo Puelles ha recordado que el 19 de junio de 2009 oyó una explosión, de repente, poco después de que su marido bajara y enseguida se dio cuenta de que era él por el tiempo transcurrido. Hernández y Sotelo ha indicado que ella intentó acercarse al lugar del atentado, donde seguía ardiendo el coche y hasta donde se desplazaron algunos representantes del PNV, ertzainas, municipales y algún vecino.

"Mi vida ha cambiado totalmente. Mi vida no es vida", ha señalado al ser preguntada por sus circunstancias después de estos hechos y ha agregado: "Siempre se habla de los derechos humanos, pero yo creo que aquí derechos tienen solamente los asesinos".

La Fiscalía pide una indemnización de 200.000 euros para la esposa del policía y de 150.000 para cada uno de los hijos del matrimonio, así como que se prohíba a los tres presuntos asesinos residir en Bilbao y acercarse a las víctimas durante 10 años una vez que cumplan la pena.

laSexta/ Noticias/ España