Sumar pide prohibir la compra de viviendas para especular y una prestación por crianza de 200 euros al mes

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el 2025, un documento de 36 páginas enfocado en vivienda, conciliación y reforma fiscal, que son sus principales reivindicaciones para esta legislatura. La ministra de Trabajo ha sido quien ha informado de su contenido, tras ser consensuado entre todos los partidos de la coalición, sus cuatro ministros y el grupo parlamentario.

Sumar empezará a negociar su propuesta con el PSOE con medidas estrella como prohibir la compra de viviendas para especular y una prestación por crianza de 200 euros al mes. La coalición tendrá que negociar durante las próximas semanas con los socialistas, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha trasladado este lunes a los parlamentarios de su partido que tiene intención de agotar la legislatura pese a estar en minoría parlamentaria y por tanto les ha pedido que dialoguen y se abran "a las ideas y necesidades" de otras fuerzas políticas, aunque sin olvidar las propias.

Yolanda Díaz, en un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ha defendido que la coalición "está en el Gobierno de España porque España quiere más". "Hoy ponemos en común con el que queremos negociar con el PSOE y sobre lo que tenemos que hacer. Tenemos una mirada de futuro del país. La primera tarea pendiente se llama desigualdad", ha señalado la ministra al comienzo del acto, rodeada de los cuatro ministros y los partidos que conforman la coalición.

La coalición argumenta que estamos en un momento político "que exige que el Gobierno tome la iniciativa y reactive una legislatura que comenzó con el doble objetivo de avanzar en el fortalecimiento de los derechos sociales y laborales, por un lado, y dar respuesta a los retos de articulación territorial de nuestro país, por otro", explican desde Sumar. El documento, creen, es "ambicioso y recoge la esencia del acuerdo de Gobierno".

Vivienda

Uno de los temas estrella para Sumar es la vivienda, que hasta ahora se han dado pasos vagos por parte del Gobierno para solucionar un problema muy importante para los ciudadanos. Según Sumar, "el acceso a la vivienda se ha convertido en un verdadero drama para cientos de miles de familias y, especialmente, para las personas jóvenes".

Por eso, han realizado varias propuestas y/o medidas para atajar el problema de la vivienda. Por un lado, proponen la prohibición temporal de la compra de pisos para especular. Una medida que fuentes del Ministerio de Vivienda han querido aclarar a laSexta, asegurando que "van a establecer que se viva un mínimo número de años en ella". "Durante esos años no se podrá vender, salvo causa de fuerza mayor. Tiene que ser la vivienda habitual y el domicilio fiscal", han argumentado.

Sumar también busca una solución a las comunidades autónomas, mayoritariamente del PP, que no aplican la ley de vivienda y por eso plantea "condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades autónomas a la aplicación" de la norma" para limitar los precios de alquiler". Por último, quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y acabar con los alquileres turísticos ilegales, entre otras propuestas.

Mientras que para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar apoya destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos procedentes de fondos europeos.

Reforma fiscal

Respecto a la reforma fiscal, Sumar ha abogado por la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias, por encima de un millón de euros, y ha planteado aplicar el IVA a educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos, como peluquerías, centros veterinarios, pañales y productos sin gluten. "Es imprescindible avanzar en la justicia fiscal para financiar las políticas públicas", insiste Sumar en el documento, y Díaz ha destacado que "con la reforma fiscal, se recuperarían 27.000 millones de euros".

La reforma fiscal que Sumar plantea pasa por crear, entre otras medidas, un impuesto a las grandes herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones, "con el objetivo de evitar la competencia fiscal a la baja en el impuesto de sucesiones y donaciones". Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido. Según se desgrana en el documento, el impuesto estatal a las herencias se establecería para las herencias mayores de un millón de euros y se realizaría de forma similar al impuesto a las grandes fortunas.

También se plantea elevar la recaudación del impuesto de sociedades procedente de las grandes corporaciones revisando y reduciendo las deducciones; limitando a 4 años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas; eliminando el régimen de consolidación de grupos empresariales; y suprimiendo el beneficio fiscal de "doble imposición internacional" de dividendos a los beneficios repatriados de países de fuera de la UE.

Dado que la ley de Presupuestos Generales del Estado no puede introducir un nuevo tributo ni modificar el IRPF en este sentido, se propone que este compromiso acompañe la aprobación de los PGE y se desarrolle como una proposición de ley en los próximos 6 meses. Por último, en materia tributaria, pide hacer permanente y reforzar el impuesto a las energéticas y a la banca; así como eliminar los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, incluyendo la obligación de pagar el IBI.

Por lo que respecta a la financiación autonómica, Sumar exige que la AIReF calcule, en un plazo máximo de seis meses, los déficits de financiación de las regiones para, a partir de esos datos, activar los mecanismos de compensación correspondientes. "Hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas", como la Comunidad Valenciana, Aragón o Andalucía, ha defendido Díaz, y eso "no es discutible".

Derechos sociales y derechos feministas

En cuanto a los derechos sociales, el documento incluye una prestación universal por crianza con un importe de 200 euros mensuales para el periodo de edad entre los 0 y los 18 años y la universalización de la educación en la etapa de 0 a 3 años. A esto, se suma una propuesta para la implantación inmediata del permiso parental de cuidados retribuido, como exige la directiva europea.

Por último, en cuidados, buscan extender las ventajas de las familias numerosas a las familias monomarentales. Por otro lado, piden mejorar el ingreso mínimo vital o elevar el indicador público de rentas a efectos múltiples (IPREM).

En materia sanitaria, sus propuestas incluyen la ampliación de las prestaciones a la salud bucodental, ayudas para la compra de gafas y lentillas o incrementar la dotación para la atención primaria, así como elevar la fiscalidad del tabaco.