PP y Vox acusan a la ONU de recoger "errores de bulto" y "bulos" en el informe que censura sus leyes contra la memoria

Varapalo de Naciones Unidas a las medidas de PP y Vox para fulminar las leyes de memoria. En un duro informe, los relatores de la ONU han advertido de que estas "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos" de la dictadura e instan al Gobierno a adoptar medidas para preservar la memoria histórica. La reacción de la derecha y ultraderecha, sin embargo, lejos de renunciar a sus planes, ha sido pasar al ataque y cargando contra la propia ONU.

De esta forma, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado este viernes el informe, que rechaza las llamadas 'leyes de concordia' de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, deslizando que "posiblemente quien lo haya emitido desconozca también esas leyes sin lugar a la duda y lo que significa la concordia".

Preguntada por este asunto en 'Antena 3', Gamarra ha querido desviar el foco hacia el Gobierno y EH Bildu, señalando que quien ha elaborado el informe "también desconoce" la "ley de memoria democrática que ha impuesto Bildu". "Ese camino creo que es el peligroso", ha esgrimido.

Por su parte, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que "lo mejor que se puede hacer es leer los textos" y "no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado". "Para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha añadido, durante un acto en Figueres.

Allí, el dirigente 'popular' ha apuntado que su partido no va a olvidar "a la dictadura ni a la banda terrorista" y, al igual que Gamarra, ha querido señalar al Ejecutivo y a EH Bildu: "Lamentablemente, el Gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí", ha asegurado.

Los presidentes del PP cuestionan el informe

También los presidentes autonómicos donde se han impulsado esas 'leyes de concordia' han reaccionado cuestionando el informe. Así, el president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha hablado de "supuestas filtraciones de un supuesto informe", a pesar de que este es público y está disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Entiendo que en ningún caso se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana", ha continuado Mazón, que ha hecho hincapié en que, desde que está al frente de la Generalitat, ha "iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista". Además, ha defendido que 'ley de concordia', "no solamente consolida y blinda los derechos de todas las víctimas de la dictadura franquista, sino que además incorpora nuevos derechos a otros víctimas de violencia política".

Más lejos ha ido el presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, que habla de "errores de bulto" y "bulos" en el informe de Naciones Unidas, alegando que en su comunidad no se ha aprobado una ley de concordia, sino un plan "en el que todo el mundo se vea reflejado". Para Azcón, lo que dice el escrito es "lisa y llanamente mentira" y ha lamentado que la ONU se haya dejado influir por la información que le ha trasladado el Gobierno central.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sostenido por su parte que desconoce el informe de la ONU, aunque ha insistido en que él ha condenado la dictadura franquista públicamente. Así lo ha manifestado antes de un acto del PP en Reus, donde ha indicado que cuando lo conozca lo "leerán con detenimiento" y verán "quién lo ha pedido a la ONU", lo analizarán y dirán "qué es lo que están dispuestos a hacer".

"Cuando conozca el informe hablaremos, pero en Castilla y León tenemos a gala tratar siempre bien a las víctimas, a todas las víctimas. No hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación", ha aseverado.

Vox se pregunta quiénes son los relatores

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, directamente se ha preguntado "quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española" y "qué saben del contenido real de estas leyes". "Lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución", ha afirmado incluso el político de Vox.