Diez años y cinco meses de prisión
Zaplana asegura que su condena se basa en "pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva"
"No puedo sino expresar mi decepción por haber sido condenado por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva sobre mi participación en los hechos que se me imputaban", ha expresado.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a diez años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil y le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa.
Acto seguido, Eduardo Zaplana ha mandado un comunicado en el que el expresident muestra su descontento por la decisión que se ha tomado este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. "No puedo sino expresar mi decepción por haber sido condenado por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva sobre mi participación en los hechos que se me imputaban", ha expresado.
También ha recalcado que a pesar de la sentencia "sigo confiando en la Justicia" y que tiene la certeza de que se "reconocerá lo infundado de las acusaciones". Ha añadido que va a recurrir a las instancias que sea necesarias y que se muestra alegre por la absolución de ochos acusados de la trama.
"En este momento, me alegro especialmente por la absolución de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento", ha concluido.
El fallo, que absuelve a Zaplana y al resto de acusado del delito de pertenencia a grupo criminal, ha asegurado que la conducta del que fuera presidente de la Generalitat valenciana fue "especialmente reprobable". La sentencia considera que Zaplana y su jefe de gabinete cobraron comisiones de las adjudicaciones en el proceso de privatización de las ITV y que ocultaron el dinero obtenido en fondos a nombre de un testaferro ubicado en Andorra y Luxemburgo del que era el "titular real o último beneficiario".