Zarrías defiende la legalidad de la gestión de la Junta en los ERE de Andalucía

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado nacional Gaspar Zarrías ha manifestado en el Tribunal Supremo que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces -los denominados 'consejillos'- y se elevaron al Consejo de Gobierno "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos que marca la ley".

En declaraciones a los periodistas tras su declaración en el Supremo, que se ha prolongado durante casi tres horas y media, y en una breve intervención en la que no ha aceptado preguntas, Zarrías ha dicho que ha dejado "claro" ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que los consejillos que presidía "no tenían poder decisorio" y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban "plenamente aceptados por la legalidad".

"En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, (eran) perfectamente ajustados a derecho", ha incidido el que fuera consejero de la Presidencia.

En contradicción con lo apuntado en el informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil UCO, Zarrías ha respondido tanto al instructor del caso como a los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto que los citados "consejillos" no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las "transferencias de financiación", que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que el habitual.

Ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso en lo relativo a cinco aforados nacionales, Zarrías ha incidido en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez que investiga el caso en Sevilla, Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que han venido haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Decreto retirado
Fuentes presentes en la declaración han explicado que a uno de los "consejillos" presididos por Zarrías se presentó, por parte del viceconsejero de Empleo, un proyecto de decreto con el que se pretendía regular el uso de las transferencias de financiación en la concesión de las ayudas.

El proyecto fue retirado por el propio viceconsejero tras ser advertido por los servicios jurídicos de un defecto de forma, consistente en que la norma debería constituir una Orden y no un mero decreto.

Por otro lado, sobre los informes de la Intervención que alertaron de posibles irregularidades en el sistema, Zarrías ha declarado ni los conocía ni le correspondía hacerlo puesto que estos documentos no eran remitidos a la Consejería de Presidencia.

Relación con lanzas
Sobre la relación con el conseguidor de los ERE y responsable de UGT, Juan Lanzas, el exvicepresidente andaluz ha dicho que conoció a éste como interlocutor del sindicato en materia agropecuaria en el contexto de las ayudas a Cárnicas Molina pero ha negado tener una especial relación con él, según las mismas fuentes.

En su breve declaración ante los medios de comunicación, Zarrías ha dicho que siempre ha trabajado para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos y que así lo seguirá haciendo.

"Mi obsesión durante mi vida política, tanto en la Junta como diputado del PSOE por Jaén, ha sido estar al lado de la gente, conocer sus problemas y colaborar en su solución", ha manifestado. "Esa ha sido mi máxima y mi objetivo durante toda mi vida y va a seguir siéndolo", ha subrayado.

"Día de sentimientos encontrados"
Zarrías ha mantenido que el de hoy es para él "un día de sentimientos encontrados" porque para una persona "honrada" no es "agradable" tener que declarar ante un tribunal "aunque lo haya hecho de forma voluntaria".

No obstante, ha afirmado sentir "alivio" al haber podido, "después de mucho tiempo", dar explicaciones ante el juez instructor y "responder a todas y cada una de las preguntas planteadas".

Por otra parte, el abogado de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, ha señalado que ya ha solicitado formalmente la citación judicial del exinterventor de la Junta Manuel Gómez y que hará lo mismo con el director de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.