LOS DIRECTIVOS, IMPUTADOS POR EL ESCÁNDALO DEL BANCO MADRID
Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore
El primer detenido en la operación contra la Banca Privada de Andorra y acusado de ayudar a blanquear dinero a la mafia rusa, entre otras organizaciones criminales, Joan Pau Miquel i Prats, figura como apoderado de la empresa Obatra Inc., registrada en Panamá en diciembre de 1995. Prats también controlaba parte de las acciones de la compañía. También aparece como apoderado Santiago de Rosselló, su director financiero en BPA.
Joan Pau Miquel Prats, primer detenido en caso de la Banca Privada de Andorra, figura como apoderado de una empresa offshore registrada en Panamá en diciembre de 1995, sólo unos meses después de ser nombrado director general de BPA.
Gracias a una carta que el propio Prats envía a Mossack Fonseca, se puede saber que también controlaba parte de las acciones de la compañía, concretamente el certificado de acciones número tres, de los ocho que se emitieron, todos al portador.
Junto a él aparece de apoderado el director financiero del BPA, Santiago Rosselló, un nombre que entronca con otro escándalo de corrupción, la Operación Clotilde, que investiga una trama de corrupción urbanística en Lloret de Mar.
Según el sumario que instruye la Audiencia Nacional, Rosselló se ocupaba personalmente de las finanzas del jefe del presunto mafioso ruso Andrei Petrov, detenido en la operación. Un hombre que posa junto al alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, en unas fotografías tomadas en su avión privado.
Al exgeneral soviético y presidente de la compañía que mantiene los gaseoductos de la todopoderosa Gasprom, le visitaron en Rusia Rosselló, Joan Pau Miquel Prats y el exalcalde.
Kanaykin es director, beneficiario y único accionista de DDC Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas y empresa propietaria de la española DDC S.L., administrada por Petrov, una de las dos inmobiliarias con las que su organización habría blanqueado hasta 56 millones de euros, según el sumario.