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BUSCAN REMOVER CONCIENCIAS

Amenazas, penas de prisión y en el peor de los casos la muerte: la peligrosa tarea a la que se enfrentan los activistas

Los activistas ambientales se enfrentan a muchos peligros con tal de remover conciencias. Hay muchas diferencias dependiendo del país en el que realicen sus protestas, y es que casos como el de Berta Cácereso el de Santiago Maldonado recuerdan el riesgo que corren.

Los activistas medioambientales arriesgan sus vidas por lo que creen es una causa justa, y es que para ellos no hay prohibiciones que valgan si se trata de remover conciencias. "Cuando te tienes que enfrentar a penas de cárcel piensas que eso merece la pena por tener una sociedad mejor", cuenta la activista Mayte Mompó.

Mayte ha defendido los derechos humanos y el medio ambiente durante años. En 2011 asaltó junto a otros 15 compañeros la central nuclear de Cofrentes para concienciar sobre los peligros de este tipo de instalaciones, un caso por el que se enfrentaron "a penas de cárcel y a una multa de dinero bastante grande".

Pagaron más de 1.000 euros de multa cada uno y recuerda cómo durante el asalto también se vivieron momentos de tensión en los que les amenazaron con pegarles. Mayte explica que es "muy diferente ser activista aquí que en otros lugares del mundo".

Se refiere a lugares como Honduras, donde la activista indígena Berta Cáceres soportó durante años amenazas y agresiones por defender los derechos de los lencas. Un sicario la asesinó de un tiro en su propia casa en 2016.

En Argentina, el joven Santiago Maldonado murió por defender las tierras de los mapuches. 80 días después de su desaparición, encontraron su cuerpo en el río al que se lanzó al agua para escapar de la represión de los gendarmes.

Son algunos de los casos más extremos. En 2009, varios activistas se colaron en la cena de gala de la cumbre del clima en Copenhague, por lo que pasaron tres semanas en prisión preventiva.

Una pena no justificada, según los tribunales daneses, por la que el Estado tuvo que indemnizarles con hasta 2.500 euros. Sin embargo, a pesar de los obstáculos burocráticos dicen que lo volverían a hacer.

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