La Asociación de Abogados denuncia que los grandes despachos quieren privatizar el turno de oficio

En un comunicado con motivo del Día de la Justicia Gratuita Altodo manifiesta que dicha iniciativa "podría entrar en evidente colisión con el vigente sistema si llegara a nutrirse de fondos públicos o si se llegaran a privatizar en su favor, mediante concurso, todo o parte de los servicios de asistencia jurídica gratuita que actualmente prestan los colegios de abogados". Además entiende que "podría colisionar con el vigente sistema de libre competencia entre profesionales".

Por ello anuncia que se opondrá "frontalmente a todo intento de ir hacia una privatización encubierta y 'políticamente correcta' del turno de oficio, cuya única finalidad, aunque no se confiese y se revista de aparente 'bondad', es abaratar la factura de la justicia a las administraciones públicas".

Altodo recuerda que estas "tienen encomendada la obligación de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos en condiciones de calidad e igualdad con quienes tienen medios".

Y recalca que la actual legislación permite que se presten servicios jurídicos gratuitos con fondos públicos, incluido el asesoramiento previo al proceso, única y exclusivamente los colectivos a quienes la Ley reconoce el beneficio de justicia gratuita.

Añade que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe las llamadas practicas "colusorias", considerando como tales "todo acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional".

Esta organización insiste en la "exclusividad de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en favor de los colegios de abogados y procuradores, cada uno en el ámbito que les corresponde".

"Sin perjuicio de reconocer la loable función que muchas asociaciones desarrollan, negamos su derecho a nutrirse de fondos públicos para prestar servicios jurídicos gratuitos porque no lo permite la ley, no siendo lícito puentear todo un sistema predeterminado por el legislador para el acceso a la justicia gratuita vulnerando el espíritu que la inspira", argumenta.