Ayuso abrirá en marzo el teléfono 112 para luchar contra la okupación en la Comunidad de Madrid

La okupación ha sido un tema recurrente en la política del actual gobierno de la Comunidad de Madrid ya desde que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, era candidata. Es fácil recordar cuando advirtió en un mitin de que los ciudadanos podrían perder sus casas a la vuelta de las vacaciones y que Podemos se las entregaría a sus "amigos okupas".

Lejos de ser un mero ataque a la oposición, el asunto no quedó en un discurso de campaña, y la Comunidad de Madrid ha continuado su batalla contra la okupación: en octubre de 2019 creó la Mesa contra la Ocupación, con la que han tomado diferentes medidas para acabar con este problema. Entre otras, en 2021 habilitó una 'app' para facilitar el acceso inmediato al Registro de la Propiedad e identificar al propietario lo antes posible. La siguiente medida entrará en funcionamiento a lo largo del mes de marzo y se trata del teléfono 112 antiokupación.

Así lo ha anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde ha vuelto a decir que los okupas son los "amigos" de Podemos, en una respuesta a la diputada del conjunto morado, Alejandra Jacinto. Puedes ver la intervención de la presidenta madrileña en el vídeo superior.

Este teléfono pretende tener una doble función: por un lado, asesorar a ciudadanos que denuncien casos de okupación y, por otro, intentar atajar los asaltos a casas lo antes posible, pues actuar rápido facilita el desalojo.

Una vez que arranque, quien llame al teléfono de emergencias denunciando una okupación de inmueble será derivado a una plantilla de policías especial. Este servicio comenzará con siete agentes locales de diferentes ayuntamientos cuyas nóminas serán sufragadas por la Comunidad de Madrid, según ha explicado Ayuso en la Asamblea, pero espera llegar hasta 16 para cubrir las 24 horas los 365 días del año. El 112 anti-okupación tendrá un coste de 700.000 euros al año.

Lo cierto es que es muy complicado conocer la magnitud real del problema. Según la Comunidad de Madrid, en este momento existen 4.500 viviendas okupadas en la región, lo que supone 1,5 viviendas ocupadas por cada 1.000. 400 de esas son públicas y pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS). Estas cifras han cambiado y hace unos meses decían que eran 2.000, pero tras una consulta de laSexta aclaran que se habían sumado a esos 400 las viviendas con impagos, que no son realmente okupas.

Con el 112 antiokupación, el Gobierno de Ayuso espera resolver episodios de okupación "en las primeras 24 horas, que es el momento crucial en el que se puede deshacer satisfactoriamente en muchas ocasiones", apuntan desde la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, y llevar a cabo una intervención inmediata.

Dentro de las medidas que quiere emprender la Mesa contra la Ocupación se encuentra también la creación de una base de datos de viviendas okupadas.

A pesar del alarmismo de la presidenta madrileña, Madrid no es la comunidad que peor situación registra en cuanto a okupación: Cataluña, Canarias, Baleares, o Andalucía tuvieron una tasa de okupación por viviendas mayor que Madrid tanto en 2019 como en 2020, según un análisis de laSexta.com a partir de datos del ministerio del Interior.

Ya existía un teléfono similar

El 112 antiokupación no tiene nada que ver con otro servicio telefónico que puso en marcha la delegación de Gobierno de Madrid en 2016, en manos entonces de la popular Concepción Dancausa, actual consejera de Familia, Juventud y Política Social. Desde entonces, existe un un teléfono para denunciar okupaciones, el 900 100 301, así como un correo electrónico de la Policía madrid.ocupacion@policia.es para denunciar okupaciones, y una Oficina de Viviendas Ocupadas. No obstante, se desconoce su actividad y resultados, pues ni Interior ni la Delegación dicen tener datos. El teléfono sigue estando en funcionamiento, según hemos podido comprobar.

La okupación tiene un trasfondo social dramático, pues el perfil mayoritario de las personas que okupan, según abogados expertos en la materia y la Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), son familias con bajos recursos que se ven obligados a meterse en una casa de forma ilegal por no poder pagar una vivienda. También, en su mayoría okupan casas vacías propiedad de grandes tenedores, bancos o fondos de inversión, lo que legalmente se llama usurpación. La figura del pequeño propietario que sufre la invasión de su segunda residencia, por ejemplo, es minoritaria. Eso sería un allanamiento de morada.

Recogido en el Código Penal, la okupación es un delito que puede darse de dos maneras: la usurpación de vivienda, un delito leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede ser castigado con hasta cuatro años de cárcel.