Becerril: "Es casi imposible conciliar familia y trabajo, los horarios son de otras épocas"

Becerril ha participado en la inauguración de las XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores de Pueblos que se celebran en Vitoria entre hoy y mañana y que están centradas en las familias y sus necesidades.

Durante su intervención, la defensora del pueblo ha reflexionado sobre la situación de las familias en España y la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. En este sentido ha asegurado que la vida cotidiana se complica porque el trabajo como derecho tiene consecuencias en un país donde los horarios "son de otras épocas, nada europeos" y existe "resistencia a cambiarlos".

"Son muchas las familias que se las arreglan como pueden y pueden muy poco"

"Son muchas las familias que se las arreglan como pueden y pueden muy poco", ha añadido Becerril, quien ha reconocido que "hay algo" que se está "haciendo mal" y ha insistido en que sobre la mujer recae la mayoría de las responsabilidades domésticas.

La defensora del Pueblo también ha puesto el acento en la "grave" situación demográfica del país, donde en 2013 el 17,76 % de la población era mayor de 65 años, un porcentaje que en 1976 era diez puntos inferior (10,71 %). "Algunos demógrafos hablan del suicidio demográfico español", ha descrito Becerril, quien ha opinado que el envejecimiento de la población es una problemática que no se ha tenido "suficientemente en cuenta".

La defensora del pueblo ha asegurado sin embargo que "no todo es negativo" y ha aseverado que existe hoy una "amplia preocupación social" por las familias y sus retos. Ha dicho que no hay que infravalorar la "importante labor de la de la sociedad civil y de las instituciones religiosas". Ha añadido que la responsabilidad social empresarial "crece de día en día" y también ha destacado el trabajo de las administraciones y organismos públicos en este ámbito.

"A todos los defensores nos mueve el mismo objetivo, servir a los ciudadanos", ha resumido Becerril, quien ha agradecido el trabajo hecho por el defensor del pueblo vasco, Iñigo Lamarca, cuyo mandato por ley finaliza el próximo 15 de octubre.