Advierten de su peligrosidad
"Bombas tóxicas": Ecologistas en Acción denuncia a la naviera del buque de los pellets y le pide 10 millones de garantía
Los pellets de plástico (son bolas de cinco milímetros de diámetro que, por sus características, atraen las toxinas próximas absorbiéndolas como una esponja, lo que hace que se conviertan en "bombas tóxicas", según Ecologistas en Acción. Además, explican, su peligrosidad aumenta cuando van reduciendo su tamaño por la erosión.
La organización Ecologistas en Acción presentó este martes en el Juzgado de Noia (A Coruña) una denuncia contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores 'Toconao', con bandera de Liberia, así como contra su capitán, y pidió una caución de 10 millones de euros a la naviera para hacer frente a una descontaminación "larga y costosa". Si el juzgado de Noia admite a trámite la denuncia, la Fiscalía tendría que archivar las diligencias de investigación preprocesales que abrió este lunes, al tener prioridad la investigación judicial, y sumarse como acusación al procedimiento penal.
La acción judicial, realizada junto con Plademar Muros-Noia, atribuye a la empresa un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas con un vertido de millones de pellets de plástico. La marea de pequeñas bolas de plástico blancas ya ha afectado a 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo y a numerosas zonas de costa y arenales.
Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, este delito contra el medio ambiente cuenta con penas de seis meses a dos años de cárcel solo por el vertido de los microplásiticos, tal y como detalla el artículo 325 del Código Penal. La pena podría ascender de 2 años a 5 si hay riesgo para los ecosistemas y hasta siete años y medio si se produce algún tipo de riesgo para la salud de las personas.
Ecologistas en Acción evidencia en su demanda "daños sustanciales" a la calidad del agua, los suelos de las playas, animales y plantas de estos ecosistemas, además del riesgo de perjuicios a la salud. Por ello, quiere asegurar que se cumple la máxima de 'quien contamina paga', por lo que en su demanda ha pedido al juzgado que imponga una caución a la empresa demandada de no menos de 10 millones de euros que permita, como garantía, acometer los costes de restauración. Con esta acción, pretende evitar la impunidad de otros vertidos marítimos en el pasado.
A su vez, la organización ecologista anima a las Administraciones afectadas y a otras organizaciones sociales a personarse como acusaciones en la causa que se abrirá en Noia. Los colectivos denunciantes lamentaron la “inacción” de la Xunta de Galicia para adoptar medidas y animaron a la sociedad a participar en las acciones de limpieza que se realizaron de forma espontánea en las últimas semanas.
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