Cientos de españoles, expulsados de Bélgica por ser "una carga para el sistema social"

Los ciudadanos rumanos, los búlgaros y los españoles encabezan la clasificación de europeos expulsados de Bélgica en 2012 y 2013 por suponer una carga excesiva para el sistema social, informó la Secretaría de Estado de Asilo e Inmigración.

La información facilitada por el Gobierno belga precisa que, otra de las "posibles razones" para la expulsión es "no responder ya a las condiciones para poder residir en el país (es decir, no contar con un contrato de trabajo ni seguir como autónomo, no tener ya derecho al paro, o haber dejado de ser estudiante)".

El pasado año, las autoridades belgas retiraron el permiso de estancia a 2.712 personas, de las que 816 eran de nacionalidad rumana, 393 de nacionalidad búlgara y 323 eran españolas.

De esta manera, los españoles fueron el tercer grupo más expulsado de Bélgica durante 2013, aunque se redujo ligeramente la cifra frente a un año antes, cuando ocuparon el segundo lugar.

A continuación, los más afectados por la medida fueron el año pasado los holandeses (305 personas), los italianos (265) y los franceses (176). En 2012, el número de expulsiones ascendió a 2.407 (700 ciudadanos rumanos, 336 españoles y 282 búlgaros).

Además, se retiró el permiso para vivir en el país a 202 holandeses, 125 franceses y 123 italianos. Los datos de la Secretaría de Estado ponen de relieve que en los últimos años se ha disparado en Bélgica el número de expulsiones de europeos.

De 343 personas afectadas por la retirada del permiso de estancia se pasó a 965 en 2011, mientras que en 2012 se llegó a 2.407 y en 2013 se superaron las 2.700 expulsiones.

La razón evocada para justificar la mayoría de las expulsiones, que en ocasiones afectan a personas que residen desde hace muchos años en el país, es la "carga irracional" para el sistema social, un concepto que contempla la Directiva europea que regula la libre circulación de los ciudadanos en la UE.

La legislación comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos.

Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una carga excesiva para el sistema de ayuda social del país de acogida.

En los últimos meses tanto la prensa belga como la extranjera se han hecho eco del aumento de las expulsiones y han denunciado el caso de familias concretas afectadas por la medida.