Juicio narcotráfico en Madrid

El clan de los Kikos, los mayores traficantes de droga en la Cañada Real, logran un preacuerdo para rebajar las penas

Los 10 detenidos que se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid han conseguido llegar a un acuerdo con el fiscal para reducir sus penas debido, mayoritariamente, por el atenuante de adicción a las drogas.

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Están acusados de dirigir el mayor punto de venta de toda la Cañada Real, 10 miembros del clan de los Kikos se han sentando hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas. Les pedían hasta 15 años de cárcel, pero han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus penas.

En su declaración y bajo custodia policial por seguridad en la sala, los acusados se han limitado a reconocer a preguntas de la fiscal los hechos ante el tribunal y a manifestar sus adicciones al hachís, cocaína e incluso alguno a la heroína. Conforme al acuerdo, admiten que dirigían el mayor punto de venta de droga al menudeo en la Cañada Real desde una infravivienda acorazada desde donde suministraban 200 dosis al día.

"Han reconocido los hechos en los términos en los que el fiscal ha acusado a cada uno de ellos", ha explicado César Sánchez, abogado de uno de los detenidos. Ahora, están a la espera de que mañana la fiscal informe de las rebajas de penas contempladas en el acuerdo, mayoritariamente por el atenuante de adicción a las drogas.

A los procesados se les detuvo en la denominada 'operación Maíz' en la que se desarticuló en marzo de 2020 el mayor punto de venta de drogas en la Cañada Real y de toda la región, ubicado estratégicamente y completamente bunquerizado con fuertes medidas de seguridad.

El total del dinero intervenido en la totalidad de las entradas y registros practicados ascendió a 526.453,37 euros procedente de la actividad ilícita. Mientras que la sustancia estupefaciente intervenida estaba destinada a su distribución a terceros y tiene un valor en el mercado ilícito, de 1,5 millones de euros.

En el escrito de acusación, el fiscal expone que en la parcela 20 PB F de la Cañada Real, la fuerza instructora tuvo que derribar tres puertas acorazadas, para acceder al interior. En ese momento, los acusados que se encontraban dentro provocaron un incendio a fin de evitar que los Agentes pudiesen incautar las sustancias, dinero y efectos que allí se encontraban.

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