EL JUEZ INTERROGA A UNA DOCENA DE SOSPECHOSOS
El 'clan de los Romanones', presuntos autores de los abusos a menores en Granada
Un juez de Granada interroga a varias personas relacionadas con la presunta trama de pederastia que ha destapado el papa Francisco. La investigación se centra, por el momento, en un colegio religioso y distintas parroquias. Los presuntos abusadores, según publica 'Religión Digital', formarían parte de un grupo conocido como el 'clan de los Romanones': ultraconservadores, de alto nivel económico y con muchas propiedades, donde se habrían producido los abusos.
El 'clan de los romanones', según el diario 'Religión Digital', está detrás de los presuntos abusos sexuales a menores en Granada.
Se trata de un clan ultraconservador, con un alto nivel económico y muchas propiedades repartidas entre Granada y la costa, con amplias parcelas e incluso, un dúplex en la playa. En todos estos lugares se produjeron, según el diario, los abusos a Daniel y otros menores.
Algunos de los implicados son sacerdotes en parroquias de la capital y uno forma incluso parte de la curia diocesana. La edad media del grupo ronda los 40 años, y controlan parroquias de Granada, del área metropolitana, de la Costa y de la Alpujarra, según publica 'Religión Digital'. Sin embargo, se trata de una organización no reconocida canónicamente.
Los interrogatorios ya han comenzado, pero el secretismo en torno al nombre y apellidos de los implicados sigue siendo hermético. Quien sí ha hablado por fin ha sido el arzobispo de Granada. Muy afectado y algo compungido se ha defendido: "Recibió dos notificaciones, una por parte de la víctima y otra por parte del juez para que no actuara más en el caso".
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Y asegura que fue él mismo quien se trasladó al Vaticano para comunicar lo sucedido. Sin embargo, ya se especula con una llamada desde Roma para cesar al arzobispo, quien ha insistido que ha actuado en todo momento "con lo que marca la discplina de la iglesia" y ha colaborado con la justicia.
Cesión en vida
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El consistorio ha intentado adquirir el terreno pero “ha sido imposible por la diferencia de cuantías” que pedía la propiedad, que demandaba 2,5 millones de euros, frente a los 150.000 euros que podría pagar el Ayuntamiento, "según una tasación independiente y los informes técnicos".