Comienza el regreso a Marruecos de las 1.200 temporeras que quedaron atrapadas en Huelva por el coronavirus

Las primeras 1.221 temporeras de la campaña de frutos rojos de Huelva del programa de Contratación en Origen con Marruecos han iniciado este sábado el regreso a su país, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Migraciones.

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, que se ha desplazado a Huelva para supervisar el operativo, ha destacado cómo los esfuerzos del Gobierno empiezan a "dar sus frutos" y "se empieza a poner fin a la situación de bloqueo en que se encontraban estas trabajadoras".

El pasado 25 de junio, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, viajó a Andalucía para mantener dos días de reuniones y abordar de cerca las necesidades de sindicatos y empresarios agrícolas en relación con el programa de Contratación en Origen. En ese momento, trasladó a todos los colectivos "un mensaje de tranquilidad" ante la situación "excepcional" ocasionada por el COVID-19 en relación con la prolongación de la estancia de las trabajadoras.

La expansión de la pandemia impidió que todas las mujeres que debían participar en el programa llegaran a España, aunque había un contingente de temporeras que ya lo habían hecho y que necesitaban protección jurídica. Por eso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prorrogó las autorizaciones de residencia y trabajo de los trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo fuera a concluir entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.

Así, quedaron protegidas jurídicamente las más de 7.000 temporeras que habían llegado a España antes de la entrada en vigor del estado de alarma, y que han permanecido más allá de la expiración de sus contratos.

Además, la Dirección General de Migraciones prolongó el 20 de mayo automáticamente y con una vigencia de seis meses todas las autorizaciones de residencia y/o trabajo que fueran a vencer durante el estado de alarma, para terminar con la inseguridad jurídica que dicha situación causaba tanto a los extranjeros que residen y trabajan en España, como a los agentes sociales y económicos.