Comienza el juicio contra 20 policías acusados de sobornar a dos prostíbulos

José Martí Martí Pujal es policía y el jefe de todos los agentes corruptos que este lunes se sentaban en el banquillo. El fiscal pide para él la pena más alta de prisión, 44 años. Porque en su mano estaba elegir los locales en los que debían hacerse inspecciones, los prostíbulos Saratoga y Rivera, eran avisados días antes para que  las menores y las mujeres que no tenían papeles desaparecieran y evitar las multas.

Pero los tentáculos de Martí Pujal iban más allá según el fiscal amenazaba a los dueños de otros prostíbulos con hacerles inspecciones a no ser que recibieran el asesoramiento de los abogados que Martí Pujal les recomendaba, y que exigían a sus clientes grandes cantidades de dinero.

La juez ha fijado el inicio de la vista oral después de tratar a mediados de julio las cuestiones previas, en las que algunas defensas solicitaron anular parte del sumario, incluidas las conversaciones telefónicas intervenidas e informes policiales, por falta de imparcialidad en la investigación de la causa, lo que la magistrada ha rechazado.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los propietarios y encargados de los macroprostíbulos se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres, algunas menores, en situación irregular, que les daban parte del dinero conseguido, siendo sometidas a un horario fijo de 11 horas seguidas y controladas por 'mamis'.

Esta explotación estuvo favorecida por los chivatazos de la entonces cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif): el comisario jefe, dos inspectores jefes, un subinspector y un agente, que actuaron "abusando de su condición y capacidad de mando".

Estos policías, que entre otras funciones tenían la de realizar redadas en los locales de alterne, alertaban a los propietarios de Riviera y de Saratoga cuando se iba a producir una inspección para evitar multas por tener a menores y a mujeres en situación irregular.

Se estructuraron jerárquicamente "asumiendo la jefatura del núcleo" los policías Luis G.G. y Andrés O.B., que negociaban con los encargaros de los prostíbulos Antonio H. y Raúl P.S. pasarles información a cambio de dinero, que cobraban en efectivo y en especie: por ejemplo relojes, dando trabajo a hijos de los policías y sufragando tratamientos médicos.

Los policías negociaban con los encargados de los prostíbulos pasarles información a cambio de un dinero que cobraban siempre en efectivo y en especie, relojes, dando trabajo a los hijos de los policías y sufragando tratamientos médicos.

En 2007, el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación "se quiso sumar a dicho grupo delincuencial" al descubrir las actuaciones ilegales de sus compañeros y para desbancar de este negocio ilícito.

Martín Pujal, para quien el fiscal pide la mayor pena de cárcel, también amenazaba a otros prostíbulos de Barcelona con hacerles inspecciones, hecho que obligaba a los propietarios de los clubes a ser asesorados por los abogados que el policía les recomendaba, y que exigían a sus clientes "cantidades de dinero desorbitadas".

El fiscal pide de 3 a 44 años por favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.