NECESITA UN ASISTENTE QUE LE AYUDE A CORREGIR EXÁMENES Y TRABAJOS

La Comunidad de Madrid rechaza darle un docente de apoyo a una profesora ciega

Inmaculada, la maestra afectada, necesita un docente de apoyo para poder corregir los exámenes debido a su ceguera. Desde la Comunidad de Madrid deniegan esta solicitud argumentando que ya ocupa una plaza de apoyo, por lo que no necesita otra ayuda. Los sindicatos consideran que se intenta que este caso no siente un precedente en la adaptación de plazas a personas con discapacidad.

Inmaculada Mazón es profesora de inglés. Sufre de ceguera, por lo que, a la hora de corregir los exámenes y trabajos de sus alumnos, se ve obligada a hacer uso de una tele lupa y de audiolibros para ser profesionalmente competente.

"Tengo una ceguera prácticamente total que me impide leer documentos escritos más allá de dos o tres líneas sin vista", asegura Inmaculada.

Sin embargo, estos recursos no son suficientes para que sus alumnos obtengan un mejor aprendizaje. Inmaculada reclama un educador de refuerzo para ayudarle en las tareas que ella, como maestra con dicha discapacidad, no puede ejercer.

"Un profesor que vaya a corregir conmigo exámenes oficiales y vaya a estar en alguna clase conmigo", explica la profesora.

La profesora contaba con esta ayuda hasta 2011. A partir de ese año, la Consejería de Educación le retiró la posibilidad de contar con un docente de apoyo.

"Si no se está dispuesto a asumar este gasto extra, habría que plantearse si realmente se quieren convocar plazas de discapacidad o no", argumenta Inmaculada.

A partir de entonces, la profesora inició una campaña de solidaridad y apoyo en el portal Web Change.org, por el cual consiguió más de 55.000 firmas. También apoyó la causa el sindicato del CSIF. Al final, una sentencia del pasado mes de julio daba la razón a la docente y reconocía el derecho a que le fuera nombrado un profesor de apoyo.

No obstante, esta alegría poco le ha durado a Inmaculada. La Consejería de Educación ha recurrido dicha sentencia. Señalan que están en desacuerdo con el fallo judicial. Por su  parte, la profesora teme represalias.

Los sindicatos temen que decisiones como esta sienten un precedente importante en la adaptación de plazas públicas a personas con discapacidad.

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