Crece la lista de la infamia de los pisos protegidos de Alicante con dos personas vinculadas a la concejala de Hacienda

El escándalo de las viviendas de protección oficial de Alicante sigue sumando nombres. Sigue sumando involucrados. Sigue sumando personas vinculadas con el consistorio alicantino que se han quedado con alguno de estos pisos. Con estas VPO que eran las primeras que la provincia ofertaba en 20 años.

Y es que la lista de la infamia no hace más que crecer. Según el diario 'Información', dos de los afortunados propietarios que se han hecho con alguno de estos inmuebles tienen vínculos con Nayma Beldijilali, la concejala de Hacienda y de Patrimonio. Una coincidió con ella en Hogueras; la otra, es una hermana de su secretaria.

"¿Por qué hay un borrado enorme de todas las fotos en redes sociales de la amistad que tenían? Queremos que comparezca la concejala", ha reclamado Compromís ante lo que está sucediendo en Alicante.

Además, también habría un policía local a punto de ser ascendido a oficial y la hermana de una funcionaria del gabinete de prensa del Ayuntamiento alicantino.

Para entenderlo en datos, hay ya casi una de cada 10 viviendas protegidas que ha ido para alguien vinculado para el consistorio alicantino. Viviendas que, por cierto, se asemejan bastante a las de una urbanización de lujo, contando con dos pistas de pádel, una polideportiva y hasta una piscina.

Y es que el escándalo sigue su curso. Uno en el que, cosas de la vida, estos inmuebles han ido a parar a altos cargos del Ayuntamiento, a personas vinculadas a ellos e incluso a un arquitecto municipal.

Tal es el caso que Rocío Gómez, hasta ahora concejala de Urbanismo y una de las agraciadas con uno de estos pisos, dimitió después de afirmar que su objetivo era "garantizar el acceso a la vivienda de todos los alicantinos". El consistorio, en ese sentido, explicó que la decisión se debe a que buscaba "apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo". Además, asegura "haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida".

En ese sentido, Gómez insiste que inscribió en una cooperativa de viviendas de La Condomina, en la playa de San Juan, antes de entrar en política.

Aparte de ella, también fueron agraciados con un piso los dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, que también ha presentado su dimisión.

Diligencias abiertas

Mientras, el Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado diligencias previas para investigar presuntas anomalías en la adjudicación de viviendas de protección pública en Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante. La magistrada toma está decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presentada contra nueve empleados municipales.

En la denuncia se explica que todos fueron beneficiarios de esas viviendas, de forma directa o a través de familiares, tras inscribirse como socios de la cooperativa que las construyó.

Barcala, a lo suyo

Luis Barcala, alcalde de Alicante, sigue desoyendo las peticiones de dimisión y sostiene que está volcado en "la gestión" de la política municipal. Además, dice estar trabajando en las supuestas irregularidades de estos pisos para evitar que toda conducta sancionable "quede impune".